El exilio fue una fiesta, tituló provocativamente Carlos Semprún Maura uno de sus libros. Yo me acuerdo de aquel título chispeante cada vez que veo noticias sobre cómo pasa sus días en Bélgica nuestro prófugo Puigdemont, que va de Waterloo en Waterloo, al parecer sin privarse de nada. No se priva siquiera de celebrar cosas, y el martes celebró o conmemoró o lo quiera que fuese los cien primeros días de su exilio belga. Lo hizo en Lovaina y en compañía. La compañía fue escasa. Los corresponsales españoles la cifraron en poco más de una decena de personas, incluidos él y los cuatro ex consellers también fugados. Dato éste, el de la escasez de celebrantes, que la prensa catalana que simpatiza con el independentismo ocultó caritativamente, recurriendo al recorte de las fotos para que pareciera que había gente donde había cuatro gatos.
Sea allí o aquí, desde su Primero de Octubre hasta hoy el separatismo ha ido perdiendo capacidad de convocatoria en la calle. Una semana antes de la fiesta del exilio de Puigdemont, la llamada a acudir al Parlament para exigir la investidura del pretendiente fue secundada por poco más de mil personas, lo que no impidió que forzaran el cordón policial, que más que cordón era colador, e insultaran gravemente a los diputados de Ciudadanos y otros a su salida. Por su lado, las encuestas registran que la mayoría de los catalanes, incluidos los independentistas, quieren que se ponga fin al procés, aunque ese deseo y esa fatiga no se traduzcan en pérdidas de apoyo electoral a los partidos que lo pusieron en marcha y lo culminaron de forma tan estrambótica como dañina.
Es importante tomar nota de este retroceso en la movilización por un motivo. El procés era un proyecto político que tenía como instrumento esencial la movilización de masas, y un proyecto golpista que se propuso lanzar a la gente a la calle para conseguir la cesión del Estado, tal como están reflejando los distintos autos judiciales. La pérdida de capacidad de convocatoria es, por tanto, un golpe para el separatismo. Un golpe a su capacidad para presentar a las masas movilizadas como la voz y el cuerpo de Cataluña. Un golpe que les priva de la posibilidad de proyectar a sus seguidores como imagen y representación de ese "un sol poble" mítico, unido sin fisuras en la causa de la independencia.
El separatismo se arropó en la movilización para legitimar tanto su propósito de ruptura como su ruptura de las normas de convivencia. Somos muchos, luego tenemos razón, era el mensaje. Lo mismo hacen con los resultados electorales. Con los últimos y con los anteriores.
Cuando se les pone frente a la ley, la Constitución o la soberanía nacional, sacan el comodín de los dos millones. Somos dos millones, luego hay que dialogar (con las condiciones que pongamos nosotros). Son dos millones, luego esto es un problema político. Son dos millones, ¿qué quieren hacer con esos dos millones? ¿Echarlos? Y así en múltiples variantes. La idea de que ni dos millones ni cuatro permiten saltarse la legalidad democrática les es por completo ajena.
No hace mucho se supo que el jurista Carles Viver Pi Sunyer, autor de los trucos jurídicos del procés para aparentar un paso de la ley a la ley, había advertido a Esquerra y al PDeCAT que con menos del 50 por ciento de los votos los planes independentistas estarían acabados. Algo que ya habían manifestado, de una o de otra manera, otros dirigentes separatistas. Pero lo notable no es que vieran que con menos del 50 por ciento se acababa la fiesta. Lo escandaloso es que pensaran, y piensen, que la ruptura de un país y el asalto al orden constitucional se pueden hacer con más del 50 por ciento de votos. Que superada la frontera de la mitad de los votos podían proceder y tenían todas las de ganar. No hay número que avale un procedimiento ilegal para conseguir un propósito político. Y menos, un golpe para provocar una secesión. Pero ya hay que ignorar y despreciar a los catalanes no separatistas para pensar, como pensaron, que con un 50 por ciento podían pasarles tranquilamente por encima.