Será difícil que haya una discusión provechosa sobre la política de inmigración si el Gobierno encargado de hacerla ataca a sus críticos acusándolos de xenófobos. Como las primeras reacciones del Ejecutivo socialista han ido por ese camino, tiene pinta de que no va a ser posible debatir sobre eso de forma mínimamente racional. Es más, tiene pinta de que todo lo que el Gobierno se propone en este asunto es meter a sus oponentes en el saco de la xenofobia para generar la impresión de que su política es la única que se guía por los sentimientos humanitarios y la solidaridad, frente al egoísmo, la crueldad y los prejuicios de los demás.
Lo ocurrido a finales de julio, después de la avalancha de cientos de inmigrantes en Ceuta, puso en marcha ese círculo vicioso. Lo primero que hizo el Gobierno fue acusar a los líderes del PP y de Ciudadanos de alentar la xenofobia. Quizá se puso nervioso. Quizá tenía prisa por reorientar hacia otro lado las acusaciones de xenofobia que Pedro Sánchez había lanzado, antes de llegar a La Moncloa, contra el presidente catalán Quim Torra. El caso es que lo hizo.
Lo hizo la vicepresidenta Calvo por la tangente y lo hizo el PSOE por la vía directa de Twitter: "Casado y Rivera están jugando con algo muy peligroso. Promover la xenofobia. Esta no es la Europa que queremos. El Salvini español". ¿El Salvini o los Salvini? Hacer política con tuits tiene estos problemas. Más cuando es política de tuit contra tuit. Porque la acusación de promover la xenofobia que se lanzó contra Casado y Rivera tenía un par de tuits como único pretexto.
El de Rivera anunciaba una visita a Ceuta para estar con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos que habían tenido heridos en el incidente, y decía que había que proteger las fronteras externas de la UE. Los que gritaron "¡xenófobo!" no llegaron a explicar si el signo inconfundible de xenofobia era visitar Ceuta o plantear una mayor protección de las fronteras.
En cuanto a Casado, la denuncia se fundó sobre todo en que había advertido de que el Estado de bienestar no podía absorber "a los millones de africanos que quieren venir a Europa". Hablar de "millones" era una exageración y permitió interpretar que Casado quería infundir el temor a una invasión de africanos entre los españoles. Un digital tituló: "Casado y Rivera se pelean por el voto xenófobo", tal como si hubiera ahí un importante caladero de electores. Distintas encuestas recientes muestran que España está entre los países de Europa y del mundo con más alto grado de aceptación de la inmigración extranjera. Pero a tenor de la inquietud por la xenofobia que exhiben desde entonces el PSOE y algunos agitadores mediáticos, los españoles xenófobos deben de ser, esos sí, millones.
Lo curioso de todo este revuelo es que la política del Gobierno sobre la inmigración se ha plasmado, de momento, en unos acuerdos –en el seno de la UE, por un lado, y de forma bilateral con Alemania, por otro– cuyo propósito es reducir la llegada de inmigrantes irregulares, evitar una crisis como la que se produjo en 2015 con la afluencia masiva de refugiados y proteger mejor, de un modo u otro, las fronteras. Fuera de los publicitados gestos solidarios puntuales con barcos de inmigrantes a la deriva, los acuerdos que ha suscrito el Gobierno van en sentido contrario a las puertas abiertas.
La cumbre de la UE de finales de junio, a la que asistió Pedro Sánchez, llegó a unos consensos de los que el primer ministro italiano se mostró muy satisfecho. ¡Y ese Gobierno italiano es el que tiene de ministro del Interior al Salvini xenófobo! Entre las medidas aprobadas están la creación de unas plataformas en la costa africana y unos centros controlados en los países de la UE que voluntariamente se presten a establecerlos. Lo primero era una exigencia de Italia de hace tiempo y su objeto es disuadir a los inmigrantes de que emprendan la peligrosa travesía por mar y acabar con el negocio de las mafias.
Con Alemania firmó Sánchez un acuerdo que permitirá la devolución exprés de refugiados a España, desde la frontera germano-austríaca, cuando hubieran solicitado antes asilo aquí. Esto lo pidió el Gobierno alemán por exigencia del partido hermano de la CDU de Merkel. En breve, porque la CSU afronta elecciones en Baviera en octubre, teme perder la mayoría absoluta por culpa de Alternativa para Alemania y necesita medidas que apunten a reducir la entrada de inmigrantes por esa frontera. Las tensiones entre Merkel y su ministro del Interior, Horst Seehofer, de la CSU, por el asunto de la devolución estuvieron a punto de tumbar el Gobierno de gran coalición de Berlín.
Desde Moncloa han querido presentar esos acuerdos, y la reunión de Merkel con Sánchez en Doñana, como un baluarte contra la "postura xenófoba" de otros dirigentes europeos. Incluso como un "frente antixenófobo" cuyos líderes serían la canciller alemana y el presidente español. La realidad, sin embargo, es que el acuerdo para la devolución obedece a las presiones de los que el Gobierno español tacha de xenófobos y asume parte de sus demandas.
Punto y aparte merece el cambio de opinión de los socialistas españoles sobre Merkel. Era la mala de la película por imponer la austeridad y ahora es la aliada preferida de Sánchez para hacer frente a los xenófobos. El giro fue especialmente notable tras la reunión en Doñana. La prensa socialdemócrata española sólo difundió las palabras de Merkel que mostraban su preocupación por los derechos humanos de los inmigrantes. Pero la canciller también dijo otras cosas. Dijo, por ejemplo, que si el sistema de Dublín funcionara, "en teoría, no tendría que llegar a Alemania ningún inmigrante o refugiado".
Tanto Merkel como otros líderes europeos están en cómo reducir la llegada de inmigración irregular, aunque discrepen del modo de hacerlo. Sería bueno que el Gobierno Sánchez aclare si cualquiera que pretenda tal cosa es un xenófobo. Porque eso es lo que se deduce de su peligrosa retórica.