La insuperable apatía del PP de Pablo Casado a la hora de denunciar públicamente la situación de bloqueo y politización de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la persistente negativa del PSOE a que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno ha permitido a los socialistas inocular con gran facilidad en la opinión pública la idea de que la culpa es de los populares por no llegar a un acuerdo con ellos.
Pero ni siguiera ese reproche es totalmente cierto, pues hace ya meses que el PP abandonó ominosamente en el cajón de sus promesas electorales el cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ y de los altos tribunales y mostró su disposición a llegar a un nuevo apaño –como en tiempos de Aznar y Rajoy– con los socialistas. De hecho, la disposición de Casado de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez en este asunto fue uno de los motivos que el presidente del PP dio a Cayetana Álvarez de Toledo para justificar sus destitución como portavoz parlamentaria del partido, pues ésta se mantenía firme en su reivindicación de que los miembros de los órganos judiciales sean elegidos por y entre los propios miembros de la carrera judicial.
Lo que ha frustrado, pues, el acuerdo entre el PSOE y el PP para que el Poder Legislativo nombrara, una vez más y por mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado, a los nuevos vocales del CGPJ no ha sido sólo la vergonzosa designación de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sino el insaciable sectarismo del PSOE, que quería incluir en el apaño a vocales de la cuerda de Podemos.
Llegados a este punto, lo que han hecho este martes socialistas y comunistas –registrar en el Congreso una proposición de ley orgánica para que la renovación del CGPJ requiera sólo una mayoría absoluta parlamentaria, no de 3/5– constituye un intento de golpe institucionalizado: si ya era lamentable que el Legislativo nombrara directamente a los 20 vocales del CGPJ por mayoría de 3/5, la referida rebaja significaría en la práctica que el Ejecutivo –el Gobierno y sus socios– pasará a nombrar directamente a la cúpula del Poder Judicial.
La vulneración del artículo 122 de la Constitución es tan clamorosa que socialistas y comunistas han eludido solicitar informes a órganos constitucionales como el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el propio CGPJ. De hecho, hay quienes aseguran que tamaña y descarada vulneración de la Carta Magna no es más que un farol para forzar al PP a que se avenga a un acuerdo. Sin embargo, y por mucho que el Tribunal Constitucional tumbe –como seguramente hará– esa ley, no hay ni que minusvalorar las pulsiones totalitarias del Ejecutivo social-comunista ni el daño que en el ínterin la norma podría causar a lo que queda de independencia judicial. Que el Legislativo designara por mayoría de tres quintos a los miembros de la cúpula judicial ya era una severa merma a la independencia del Poder Judicial, pero al presentaba cierto equilibrio y acuerdo entre Gobierno y oposición, lo que ahuyentaba el sectarismo. Que bastara simplemente la mitad más uno de los diputados y senadores para nombrar a la cúpula judicial significaría la total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, algo incompatible con un sistema democrático.
Hacen, pues, bien los partidos constitucionalistas –de entre los que definitivamente hay que excluir al PSOE– en denunciar este atropello contra el Estado de derecho tanto ante el TC como ante los órganos judiciales de la Unión Europea. Pero aún harían mejor en resaltar, un día sí y otro también, la importancia que tiene la separación de poderes y en alertar de que está en juego ni más ni menos que la continuidad de la democracia liberal en España.