La agresión coordinada de varias decenas de individuos a Cristóbal Montoro y Alicia Sánchez Camacho a la salida de un mitin en Vilanova i la Geltrú no es un incidente aislado y por tanto sin validez representativa de la realidad catalana, como se pretende hacer creer. Al contrario, el intento de linchamiento del ministro y la líder del PP en Cataluña es sólo el último eslabón de una cadena de agresiones contra los partidos y políticos no nacionalistas, cuyo número y gravedad se han incrementado desde que Artur Mas planteó formalmente su proyecto de secesión. Por más que los separatistas y el Gobierno se empeñen en calificar de hechos aislados estos incidentes –en curiosa aunque comprensible coincidencia–, lo cierto es que en ningún otro lugar de España se ha producido en el lapso de unas pocas semanas una agresión a puñetazos contra el líder de un partido principal y el ataque coordinado contra el vehículo oficial de un ministro.
A la gravedad de los hechos que viene protagonizando últimamente la turba separatista en Cataluña hay que sumar la irresponsabilidad inaudita de los responsables del departamento de Interior de la Generalidad a la hora de garantizar la seguridad de los participantes en actos públicos, especialmente los que se están desarrollando con motivo de la campaña electoral. Ayer mismo, un nuevo fallo del dispositivo de la policía autonómica permitió que un grupo de manifestantes antisistema prácticamente accediera al lugar donde el PP estaba llevando a cabo un acto de campaña, cuyo acceso tuvo que ser impedido en última instancia por los agentes de la seguridad privada contratados para la ocasión. Pues bien, a pesar de estos dos últimos ejemplos de incompetencia manifiesta, en el mejor de los casos, o de pasividad intencionada, el consejero de Interior, Ramón Espadaler, sugiere que los culpables son los agredidos por no amoldarse a la conveniencia de los responsables de los muy mejorables dispositivos organizados para la ocasión.
Pero si la reacción de las autoridades catalanas es el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de violencias continúen produciéndose a un ritmo todavía mayor, otro tanto cabe decir de las palabras de Montoro asegurando que los que pretendían apalearlo no representan a la Cataluña real. Ignoramos de qué otro país o continente cree el ministro de Hacienda que provienen los que arremetieron a golpes y pedradas contra su vehículo y el personal asignado a su escolta, pero lo cierto es que su comportamiento no difiere de otros sucesos frecuentes en las calles de Cataluña, protagonizados precisamente por los que se consideran más catalanes que aquellos que discrepan del proyecto separatista impulsado por la Generalidad.
Cristobal Montoro es muy dueño de disculpar a los que pretendan agredirlo a título personal, pero, mientras sea ministro del Reino de España, palabras como las que utilizó para saldar el incidente en el que se vio envuelto son una grave irresponsabilidad. Una condescendencia intolerable con los violentos que, además, deja vendidos a los votantes de su partido en Cataluña, los cuales no disponen de coche oficial ni de los servicios de seguridad con los que cuentan él los demás altos cargos del Partido Popular.