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Seguimos financiando el golpe de Estado separatista

Basta ya de que el Estado financie de forma decisiva, aunque sea de forma indirecta, lo que no es otra cosa que un persistente golpe de Estado.

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Aunque los lazos amarillos presentes en edificios públicos como demostración de rebelión contra el Estado de Derecho y solidaridad con unos golpistas presos –a los que abiertamente se ensalza como "presos políticos"– no sean meros "símbolo[s] partidista[s]" que vulneran la "neutralidad" de las instituciones en periodo electoral, bien está que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella presentada por la Fiscalía –a instancias de la Junta Electoral Central– contra el presidente de la Generalidad, Quim Torra, "por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público". Lo que resulta una auténtica vergüenza es que el Estado siga financiando una Administración regional en rebeldía que sigue malversando fondos públicos por un importe mucho mayor que el que conlleva la fabricación y colocación de unos cuantos lazos amarillos.

No otra cosa es lo que el Gobierno del felón Pedro Sánchez permite al autorizar la adhesión de la Generalidad al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), al que el execrable Torra pretende endosar un crédito por valor de 814 millones de euros.

Ya resultó una vergüenza que, desde 2012 –fecha de la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del inicio oficial del proceso secesionista, entonces liderado por Artur Mas–, el Gobierno de Rajoy se dedicara, año tras año, a procurar un privilegiado auxilio financiero a una Administración en rebeldía que de otra forma no habría podido abordar los elevadísimos costes de su ilegal proceso secesionista, que van mucho más allá de los que supusieron los referéndums ilegales de 2014 y 2017. Con todo, no menos vergonzoso es que el Gobierno de Sánchez haya permitido que la Generalidad, tras su hipócrita desvinculación del FLA, haya permitido su adhesión al FFF, que establece condiciones y controles todavía más laxos y que estaba dirigido exclusivamente a las Administraciones que cumplieran con los objetivos de déficit y endeudamiento señalados.

La Administración golpista, que incumple sistemáticamente tanto los objetivos de déficit como los de deuda, argumenta arteramente que este crédito es para sufragar, fundamentalmente, "vencimientos de deuda" y el pago de salarios. Pero nada dice de con qué dinero pagó los gastos del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña; o las nuevamente activas embajadas de Cataluña, destinadas a "internacionalizar el conflicto"; o las incrementadas partidas a la radiotelevisión pública catalana –justificadas en su día como servicio indispensable a la causa del procés–; o las no erradicadas "estructuras de Estado"; o, en general, toda la red de empresas, fundaciones y demás chiringuitos que tejen una red de intereses al servicio de la causa separatista. Es público y notario que todo este entramado no lo han sufragado los separatistas de su bolsillo, por lo que resulta irrelevante que lo fuese con fondos propios de la Generalidad, mediante el FLA o a través del más novedoso y laxo FFF. El hecho es que son agujeros tapados con dinero público que merecerían una investigación como la que se llevó con ocasión de los gastos de las consultas separatistas de 2014 y 2017.

En cualquier caso, sin una retractación pública por parte de Torra y demás ralea, que sea además verificable, respecto al ilegal proceso separatista, cualquier auxilio financiero de la Administración central a la Generalidad constituye un acto de complicidad con la malversación de fondos públicos que entraña el proceso secesionista. Es más: la no retractación pública debería ser ya razón más que suficiente para que, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Generalidad fuera intervenida indefinidamente.

Basta ya de permitir que quienes están comprometidos públicamente con la violación de las fronteras más valiosas de la Nación –aquellas que constituyen a España como Estado de Derecho– sigan estando al frente de una institución del Estado. Basta ya de que el Estado financie de forma decisiva, aunque sea de forma indirecta, lo que no es otra cosa que un persistente golpe de Estado.

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