Bien está que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno vaya a procesar al excarcelado terrorista de ETA, Josu Uribetxeberria Bolinaga, a raíz de un informe de la Guardia Civil, basado en las declaraciones de los etarras Miguel Gaztelu, José Luis Erostegi y Sabino Usandizaga, que le señalan como autor material del asesinato en junio de 1986 del agente de la Benemérita Antonio Ramos Ramírez.
Esta buena noticia no debería, sin embargo, dejar en un segundo plano dos hechos absolutamente bochornosos. En primer lugar, que los datos relativos a este asesinato estaban en poder de la Audiencia Nacional al menos desde 1998, con el entonces juez Baltasar Garzón como máximo responsable judicial de la investigación que tenía como objetivo la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, aunque por motivos que se desconocen este informe de la Guardia Civil no fue trasladado al juzgado del mismo tribunal en el que estaba abierta la causa por el asesinato del agente Ramos.
En segundo lugar, el escándalo que representa que este criminal esté en libertad. A pesar de haber sido condenado a 178 años de cárcel por el asesinato de otros tres guardias civiles y por el secuestro de Ortega Lara, fue excarcelado hace ya más de año y medio por el Gobierno de Rajoy, que alegó que su fallecimiento era inminente a causa de una enfermedad supuestamente terminal.
Salvo reclamar una inmediata investigación por la tremenda incompetencia de Garzón, poco cabe añadir respecto de un sujeto que ya ha sido condenado por prevaricación y que tanto tiempo tuvo metido en el cajón un asunto como el del chivatazo a ETA , o que tanto respaldo ha brindado siempre a las negociaciones con la banda con la excusa de que, "por la paz, hay que hablar hasta con el diablo".
La libertad de Bolinaga constituye un insulto muchísimo más grave para la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas del terrorismo. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha afirmado hipócritamente este miércoles que la situación del criminal "debe ser contrastada periódicamente". Esto es precisamente lo que la Fiscalía no ha hecho desde su vergonzosa puesta en libertad, a pesar de que todos el mundo pudo constatar la mejoría en su estado de salud tan pronto puso término a la huelga de hambre que precedió a su excarcelación. Ya en la valoración de la excarcelación, la médico forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena entregó un informe en el que aseguraba que el secuestrador de Ortega Lara no se encontraba en "fase terminal" y que la sintomatología que presentaba era compatible con su tratamiento por parte de los servicios médicos penitenciarios.
Lo más infame de esta injusta excarcelación fue la clamorosa mentira gubernamental que le sirvió de base: el presidente del Ejecutivo y los ministros de Interior y Justicia afirmaron que era un "imperativo legal" y que prevaricarían si la denegaban. Lo cierto es que la ley permite pero en ningún caso obliga a la puesta en libertad de los terroristas enfermos en fase terminal, circunstancia que, para colmo, y tal y como se ha demostrado en este tiempo, no afectaba a Bolinaga.
El terrorista, al que desde entonces se le ha visto de vinos o en compañía de proetarras que ostentan cargos públicos, debe volver inmediatamente a la cárcel. En caso contrario, se confirmaría que el respeto del Gobierno de Rajoy al Código Penal en lo que respecta a ETA es tan escaso como el que le merece la burlada Ley de Partidos.