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EDITORIAL

Bolinaga, a prisión

El ministro del Interior, que con tanta rapidez actuó basándose en un diagnóstico falso, tiene ahora la obligación de acabar con esta infamia.

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La queja formulada por una fantasmagórica asociación del entorno etarra contra Carmen Baena, la forense de la Audiencia Nacional que determinó el verdadero estado de salud del criminal Bolinaga, ha sido resuelta por el Colegio de Médicos de Madrid con una contundencia ejemplar. Después de revisar concienzudamente todos los informes, pruebas y exámenes realizados, el pleno de la junta directiva del órgano colegial ha asegurado que el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y que fue puesto en libertad condicional a finales de agosto de 2012 por razones médicas, podría haber sido tratado en prisión del cáncer que padece.

Las conclusiones del Colegio de Médicos demuestran que Baena fue la única profesional que actuó correctamente al defender la permanencia en prisión de Bolinaga, en contra de lo sostenido por una comisión médica –ningún médico se atrevió a firmar el dictamen en solitario– que concluía que el asesino etarra se encontraba en una situación irreversible y probablemente fallecería en un plazo de nueve meses, que se acaban de cumplir con el agonizante paseando tranquilamente por su localidad. Así lo aseguró igualmente el servicio médico de la cárcel donde Bolinaga cumplía condena y hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en una vergonzosa extralimitación de competencias por interés político añadió que el tratamiento médico de "exigía" el ingreso hospitalario.

Pues bien, como acredita el máximo órgano deontológico de la profesión médica, sólo tenía razón la forense de la Audiencia Nacional y, en consecuencia, Bolinaga jamás debió abandonar la prisión. La liberación impulsada desde el Gobierno, acordada por el juez de vigilancia penitenciaria y ratificada por la Audiencia Nacional, queda así seriamente cuestionada, al haberse basado en unas previsiones que un tribunal médico independiente y el propio transcurso del tiempo han demostrado completamente falsas.

Llegados a este punto, sólo cabe una conclusión aceptable: Bolinaga tiene que volver a prisión. Demostrado que el tratamiento de su enfermedad es compatible con su estancia penitenciaria, el etarra tiene que ser metido de nuevo entre rejas, como vienen solicitando las víctimas del terrorismo desde el mismo instante en que el Gobierno lo puso en la calle para que sus vecinos lo recibieran como un héroe. El ministro del Interior, que con tanta rapidez actuó basándose en un diagnóstico falso, tiene ahora la obligación política, jurídica y moral de acabar con esta infamia. Bolinaga, a prisión. Hoy mejor que mañana.

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