En lo que lleva como ministro de Justicia, Rafael Catalá ha protagonizado numerosas polémicas por su sectarismo y su propensión a realizar declaraciones impertinentes. Sin embargo, su ataque descarnado al autor del voto particular en la sentencia contra La Manada, al que ha acusado de no estar en sus cabales, no es simplemente una nueva salida de tono fruto de la improvisación en el transcurso de una entrevista, sino un escándalo inaudito que tiene que saldarse con su dimisión o con su destitución fulminante.
Con repugnante oportunismo, Catalá ha querido sumarse al demencial linchamiento público orquestado por la ultraizquierda política y sus brazos mediático y feminista en vez de proceder con la prudencia que le exige el cargo y, aun más, pedir respeto por la labor de los magistrados en un asunto tan delicado y dramático. Sin vergüenza, Catalá no ha dudado en hozar en el fango de la más execrable maledicencia y puesto aún más en la diana a un juez que ha tenido la osadía de emitir un voto particular que ha soliviantado a los peores enemigos de la separación de poderes y la independencia judicial. Catalá ha demostrado ser indigno de estar un solo día más al frente de un ministerio tan importante como el de Justicia.
La Judicatura ha clamado con justa indignación ante el desafuero del ministro impresentable. Jueces y fiscales demandan la destitución de Catalá por la clamorosa razón de que se ha descalificado de la más ominosa de las maneras.
El escándalo es de tal gravedad que no admite rectificación alguna por parte del oportunista bocazas. Rajoy debe exigir a Catalá la dimisión o destituirlo sin más dilación. España no puede tener un ministro de Justicia de semejante ralea, así de sencillo. Catalá, de hecho, es la encarnación de lo que no debe ser un ministro de Justicia.