Por mucho que los resultados de VOX en las elecciones andaluzas hayan sido magníficos, y que su apoyo a PP y Ciudadanos sea decisivo para poder desalojar a una izquierda corrupta y empobrecedora que ha ejercido el poder en aquella comunidad autónoma durante casi cuarenta años, el partido de Santiago Abascal debe ser consciente de que no puede aspirar a ver plasmado el cien por cien de su programa ni plantear como un todo o nada su apoyo al cambio. A la postre, y a pesar de su espectacular irrupción en el panorama político, VOX no deja de ser la formación con menos votos de cuantas han obtenido representación parlamentaria en Andalucía, lo que la obliga a cierto posibilismo y a cierta elasticidad en sus exigencias.
Dicho esto, e insistiendo en la cautela de que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, el líder de VOX en Andalucía, Francisco Serrano, ha hecho muy bien al plantear la posibilidad de que PP y Cs eliminen de su acuerdo de gobierno unas ayudas con cargo al contribuyente en pro de la tan injusta como ineficaz Ley contra la Violencia de Género (LVG). Ese lamentable compromiso de "dotación presupuestaria suficiente", que beneficia a los grupos de presión adictos a la ideología de género mucho más que a las víctimas del maltrato, tendría sentido si PP y Cs quisieran recabar el apoyo del PSOE y de Podemos, no el de VOX, firme partidario de restablecer la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
PP y Cs harían también muy bien en atreverse a desafiar esa infamia que equipara la oposición a la LVG con la complicidad con los maltratadores, tal y como la extrema izquierda hace con total desfachatez. En este sentido, Albert Rivera debería dejar de defender esas ayudas con sandeces tales como que "la libertad y la igualdad no se negocian", pues precisamente son esas ayudas públicas y la ominosa LVG lo que socava la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, con independencia de su sexo. Un correligionario Rivera, Toni Cantó, en sus tiempos de UPyD, y mucho antes que de la irrupción de VOX, se atrevió a denunciar los desmanes de la LVG. Y recuérdense también las nauseabundas críticas que socialistas y podemitas dirigieron contra la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz cuando se atrevió a reclamar que hombres y mujeres tuvieran el mismo tratamiento legal ante el maltrato.
En cualquier caso, es de esperar que este desencuentro no desbarate la materialización de una alternativa al régimen socialista en Andalucía, donde formaciones no tan dispares como PP, Ciudadanos y VOX pueden ir de la mano en muchísmas cosas, incluida una lucha contra la violencia doméstica que no se sustente en algo tan injusto y contraproducente como la discriminación legal del hombre frente a la mujer.