A pesar de que el portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, ha proclamado la disposición de los golpistas a aprobar las inconstitucionales leyes de ruptura sin pasar siquiera por el Parlamento regional catalán, sino mediante un decreto ley; y a pesar de que el propio Puigdemont se ha mostrado favorable, incluso, a que su quimérica república catalana disponga de un ejército propio, el presidente del PP catalán, Xabier García Albiol, ha asegurado categóricamente que "altos responsables del Gobierno de Cataluña" son "plenamente conscientes" de que el ilegal referéndum secesionista del 1 de octubre "no se va a celebrar". "Es cierto que hay una parte de ellos, como Puigdemont y Junqueras, que sí lo creen", admite Albiol; "pero", añade, "otros saben que no se va a celebrar porque el Gobierno de España no lo va a permitir".
Nada resultaría más grato que felicitar a Albiol por su pronóstico si, llegado el 1-O, se comprueba que, efectivamente, el Gobierno de España ha logrado evitar lo que no se atrevió a impedir el 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, a día de hoy su optimismo no tiene fundamento alguno, y se podría decir incluso que es irresponsable. Resulta, por otro lado, sumamente representativo de la colosal contradicción en que está incurriendo el campo constitucionalista, que por una parte afirma que la nueva consulta secesionista no se celebrará y, al mismo tiempo, aboga por que sea la Justicia quien castigue lo que, a su juicio, no se va a producir. Tremendo.
Al margen de que una cosa es evitar la comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones que entraña el 1-O y otra muy distinta castigarlos, el único consenso que impera entre la somnolienta e indolente clase política constitucionalista consiste en airear la obviedad de que lo que se está perpetrando desde la Administración autonómica catalana choca frontalmente contra el ordenamiento jurídico. Fuera de eso, no hay la menor coincidencia en la forma de afrontarlo. Las declaraciones que ha hecho este lunes la socialista Margarita Robles, partidaria de que el 1-O el Gobierno ordene retirar por la fuerza las urnas de la ilegal consulta, no son representativas de un PSOE que lo apuesta todo a algo tan contraproducente como intentar contentar a los golpistas con una reforma constitucional que admita lo inadmisible: que Cataluña es una nación y España, un "Estado plurinacional".
Poco después, la propia Robles se ha visto obligada a aclarar que sólo planteaba "una cuestión puramente jurídica"; "desde el punto de vista político, espero que esa situación nunca llegue a producirse, precisamente por que actúe la política, por que haya sentido común y haya diálogo", ha añadido.
Nada que objetar a las primeras declaraciones de Robles: "Ante el conocimiento de cualquier acto preparatorio para la comisión de un hecho delictivo, la obligación es impedir que se cometa ese hecho delictivo". El caso es que se tiene conocimiento de que los golpistas pretenden perpetrar una nueva consulta secesionista desde hace más de un año, y resulta surrealista que haya que esperar al 1-O para realizar una circense y teatral retirada de urnas que bien pudiera dar lugar a enfrentamientos perfectamente evitables. En ningún otro país democrático se hubiera permitido a nadie ostentar cargo público alguno mientras manifestara y mantuviese su intención de atentar tan gravemente contra el ordenamiento jurídico como lo están haciendo los mandatarios regionales de Cataluña desde 2012.
Ciertamente, hay una vía política, al margen de la judicial, para poner fin al subversivo proceso secesionista; pero no pasa por ese diálogo político con el que tantos encubren su apuesta por contentar a quienes no se van a contentar ni merecen ser contentados. Se trata de una medida estrictamente política, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que no pretende castigar penalmente a nadie por ningún delito cometido, sino evitar que desde las propias instituciones del Estado –las Administraciones autonómicas lo son– se pueda atentar gravemente contra los intereses de España.
Aunque se necesitaría más tiempo que lo que queda para el 1-O para llevar a cabo, en aplicación de dicho artículo, la suspensión de la Administración regional catalana, ¿alguien en su sano juicio cree que, pasada esa fecha, los sediciosos mandatarios regionales se van a convertir en escrupulosos observantes del ordenamiento constitucional? Pues eso parecería creer –o quiere que se crea– el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, empeñado en asegurar que "estamos ante los últimos días del proceso".
Ojalá no sea así, pero es de temer que el auspicioso pronóstico del representante de Ciudadanos sea tan infundado e como el de Albiol, dignos representantes ambos de una clase política constitucionalista instalada en una tan cómoda como insensata ceguera voluntaria.