Al menos 20.852 personas han muerto en nuestro país como consecuencia del covid-19. Desde la última guerra civil, nunca habíamos padecido una mortandad semejante, y mucho menos como consecuencia de una enfermedad, lo que da una idea de las dimensiones de la catástrofe.
La tragedia cobra una dimensión aún más sobrecogedora cuando se repara en la manera en que se están produciendo los fallecimientos, con los enfermos aislados y sin poder despedirse de sus seres queridos. En efecto, el draconiano confinamiento dictado por el sobrepasado e incapaz Gobierno socialcomunista ha dejado en el más pavoroso desamparo a miles y miles de enfermos en el último trance de sus vidas.
Una gran mayoría de las víctimas mortales del covid-19 son españoles de avanzada edad, personas de coraje extraordinario que han superado pruebas muy duras a lo largo de sus largas vidas y a cuyo tesón y sacrificio debe España ser lo que aún sigue siendo, uno de los países más desarrollados y con mayor calidad de vida del planeta.
El deber cívico e incluso la más elemental decencia exige que las instituciones del Estado reconozcan esta abrumadora pérdida de vidas como lo que es, una auténtica tragedia nacional que debe tener su plasmación simbólica en la proliferación de minutos de silencio y banderas a media asta, en señal de permanente duelo.
Pero el Gobierno de la Nación se niega. El Gobierno de las mil pancartas y los lazos reivindicativos de casi cualquier causa no quiere hacer lo que debe: declarar el luto nacional y honrar a los muertos de la terrible pandemia.
¿Acaso el Gobierno, el Gobierno del 8-M, se niega a proclamar el luto nacional por mala conciencia, habida cuenta de su tremenda responsabilidad en la expansión de la lacra por su reacción tan tardía e incompetente?
Al menos 20.852 personas muertas en circunstancias especialmente sórdidas y no tienen la más elemental decencia de honrarlas institucionalmente como merecen. Jamás están a la altura. No tienen vergüenza y lo que están haciendo con los muertos es imperdonable.