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EDITORIAL

El Gobierno manirroto no podrá apropiarse del ahorro municipal

los alcaldes deben tener la facultad de administrar el superávit acumulado a lo largo de los años sin intervención del Ejecutivo.

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La Administración local fue la única que no incurrió en déficit durante la pasada crisis económica. Al contrario, una gestión correcta de los recursos permitió a ayuntamientos y diputaciones acumular un superávit de 15.000 millones de euros, mientras el Gobierno y las comunidades autónomas dispararon la deuda pública por encima del 100% PIB.

Los municipios contaban con ese colchón financiero para afrontar los gastos extraordinarios provocados por la pandemia del coronavirus, que amenaza con provocar serios desequilibrios también en las arcas municipales. Así, los ayuntamientos pretenden invertir el ahorro acumulado en asuntos vitales como el apoyo al turismo o a las pequeñas y medianas empresas radicadas en sus territorios.

Pero estos planes se han visto letalmente amenazados por un decreto-ley que pretende apropiarse del superávit de los ayuntamientos y las diputaciones para que lo gestione el Ministerio de Hacienda según los criterios del Ejecutivo social-comunista. Dicho decreto necesitó el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el estrafalario alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, para obtener el respaldo del órgano municipalista, lo que refleja la profunda división en torno a este asunto. Un rechazo que se ha hecho más evidente en las últimas horas con el anuncio de 15 formaciones políticas de que votarán en contra de la aprobación del decreto-ley cuando pase por el Parlamento, trámite que ha de ser sustanciado en el plazo máximo de un mes.

Así pues, el Gobierno recibirá un duro varapalo parlamentario al no poder convalidar una norma con la que pretendía intervenir en las decisiones de los ayuntamientos para ‘recuperar’ la economía de cada municipio. Hasta los diputados podemitas, socios de coalición del PSOE, votarán en contra, agudizando así la soledad de Sánchez en la Cámara.

Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y, por tanto, las que más información directa poseen sobre las necesidades reales de sus habitantes. Ante una situación de grave crisis como la que atravesamos, los alcaldes deben tener la facultad de administrar el superávit acumulado a lo largo de los años sin intervención del Gobierno, a diferencia de lo que pretenden Sánchez y Montero. El Congreso de los Diputados lo reconocerá así el mes que viene, con su anunciado rechazo a las pretensiones del Gobierno social-comunista.

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