Después de que las víctimas del terrorismo se hayan visto obligadas a salir a la calle a protestar contra la infamia perpetrada por Estrasburgo y consentida por el Gobierno, en virtud de la cual se ha iniciado un proceso de amnistía encubierta a los criminales etarras más sanguinarios, Su Majestad el Rey ha tenido un gesto de apoyo hacia las asociaciones que agrupan a la mayoría aquéllas cuyo significado trasciende el mero ámbito protocolario. Cuando los poderes públicos no son capaces de preservar la memoria de las víctimas aplicando el máximo rigor en el cumplimiento de las penas a sus asesinos, bien está que el titular de la Jefatura del Estado tenga un gesto de cercanía con los que más directamente han sufrido en España el zarpazo de la violencia terrorista.
Sin embargo, esta expresión de afecto y amparo del monarca no puede servir para saldar una cuestión de tal gravedad. La labor de Don Juan Carlos en defensa de las víctimas del terrorismo de cara al exterior es muy importante para esclarecer la imagen interesada que los amigos de los terroristas quieren hacer valer en las instituciones internacionales, pero es en España donde deben llevarse a cabo las iniciativas oportunas en torno al fallo de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot, un terreno donde el Gobierno tiene todavía un amplísimo margen de maniobra.
La prueba del malestar causado por las últimas decisiones judiciales y políticas sobre la excarcelación apresurada de asesinos etarras la tenemos en el documento suscrito por diez asociaciones de víctimas del terrorismo que ayer se dio a conocer. El manifiesto elaborado por estas asociaciones, tan representativas en términos cualitativos como las que fueron recibidas por el Rey, incluye duras críticas al Gobierno y al Partido Popular por su actuación tras el fallo de Estrasburgo. Además, las diez asociaciones exigen una rectificación formal a la secretaria general del PP por las desafortunadas declaraciones en que atribuía las críticas contra el PP que se escucharon en la manifestación del pasado domingo a la ignorancia o la mala fe.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo, todas, deberían ser conscientes del peligro de ser utilizadas políticamente por el Gobierno en ejercicio, tentación en la que suelen caer los partidos cuando ostentan el poder. La independencia de criterio y la libertad para criticar los abusos cometidos por los poderes públicos son indispensables en su labor, tan necesaria en estos tiempos plagados de oportunismo, entreguismo e hipocresía.