Desde aquellas "leyes de desconexión" con la que los golpistas catalanes quisieron dar una burda apariencia de legalidad a la "desconexión" con el ordenamiento jurídico español que entrañaba su ilegal proceso de ruptura, los separatistas no habían perpetrado una tomadura de pelo a nuestro Estado de Derecho tan grosera y evidente como la que la Generalidad de Cataluña ha llevado a cabo este martes respecto a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los golpistas del 9-N y del 1-O por el desvío de dinero público a la promoción exterior de su sedicioso -y vigente- proceso de independencia. Y es que, aunque parezca un chiste de mal gusto, a los actuales mandatarios de la administración autonómica en rebeldía no se les ha ocurrido otra cosa que crear con dinero público un "Fondo Complementario de Riesgos" de unos 10 millones de euros con los que cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los encausados precisamente por desviar dinero público.
Ni que decir tiene que si los actuales mandatarios de la Generalidad se atreven a perpetrar tamaño fraude de ley -por no tildarlo directamente de delito de malversación- es por la enorme sensación de impunidad que, lógicamente, les ha procurado el presidente del gobierno -en realidad, máximo responsable de lo que está sucediendo- al otorgar indultos a unos delincuentes que, lejos de arrepentirse, han manifestado públicamente su compromiso con la reincidencia en el delito.
De hecho, este mismo martes, Oriol Junqueras, uno de los golpistas indultados a quien el Tribunal de Cuentas le reclama 1,9 millones de euros por la promoción exterior del procés ha viajado a Bruselas precisamente para promocionar en el Parlamento Europeo ese ilegal proceso separatista por el que fue condenado y para arremeter contra nuestra Administración de Justicia acusándola de una "represión que alcanza a más de 3.000 represaliados".
Teniendo presente la celeridad con la que Junqueras y otros golpistas indultados han cumplido su compromiso de reincidir en el delito, y teniendo presente también, que el compromiso con el ilegal proceso secesionista no es menor en el caso de los actuales mandatarios de la Generalidad -empezando por Pere Aragonés- nos podemos explicar la razón por la que el importe del recién creado "Fondo Complementario de Riesgos" no se limite a los 5, 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a Mas, Junqueras, al prófugo de Puigdemont y a 34 ex consejeros y ex altos cargos, sino que alcance los 10 millones de euros. Y es que los actuales y no menos sediciosos mandatarios de la Generalidad no sólo quieren quedar a salvo de los riesgos que, para su particular bolsillo, entrañan los delitos pasados sino también los que se han comprometido a perpetrar en el futuro. Y con ellos no nos referimos exclusivamente a la persistente promoción exterior del procés, ya sea a cargo de Junqueras, ya sea a cargo de las reactivadas embajadas de Cataluña en el exterior, sino también a la tercera consulta secesionista que los separatistas quieren perpetrar con la complicidad del gobierno del Reino de España.
Así las cosas, el verdadero responsable de lo que está sucediendo no es Europa ni siquiera los golpistas que, como cabras a las que se les deja, siempre tirarán al monte. No, el máximo responsable es un presidente de gobierno que, para empezar, no sólo rehúye su obligación de aplicar el articulo 155 de la Constitución para evitar que desde las propias administraciones autonómicas se organicen y se ejecuten procesos delictivos, sino que, además, brinda apoyo a los sediciosos como socios que sostienen a su gobierno. Y es que la quiebra de nuestra nación como Estado de derecho no es sólo obra de quienes incumplen la ley sino fundamentalmente de quienes hacen dejación de su deber de hacerla cumplir.