La nueva ofensiva separatista, que contará seguro con el apoyo de Unidas Podemos y no sería de extrañar que también del PSOE, busca la implantación en el Senado y el Congreso de las lenguas cooficiales para que se puedan usar de la misma forma y al mismo nivel que hoy en día se usa el español, que es la única común a todos los españoles.
Muchas críticas a este disparate usan como primer argumento el coste que tendrían los traductores necesarios para la actividad parlamentaria. Es un error: la democracia tiene unos costes que hay que asumir, las propias Cortes son uno de ellos, las elecciones son otro y todos son necesarios para que el sistema pueda seguir en marcha. Si los traductores fueran realmente imprescindibles, como lo son en el Parlamento Europeo por ejemplo, no habría más que asumirlo.
Por supuesto, esto no quiere decir que no sea un gasto disparatado en un país que, al contrario de lo que ocurre en Suiza o en la propia Eurocámara, tiene un idioma común. Pero el problema, obviamente, no es el tanto el dinero como la insistencia feroz en quebrar todo aquello que une a los españoles y, en especial, el idioma.
Y es que, desgraciadamente, las lenguas cooficiales, en lugar de ser una riqueza cultural para nuestro país, se han convertido en el ariete de aquellos que pretenden destruirlo. Hay que reconocer que la lógica nacionalista es impecable: cualquier observador imparcial que conociese España y sus distintas regiones se daría cuenta de que todos esos hechos diferenciales que tanto se potencian y pregonan no son más que características superficiales que no ocultan un fondo común de españolidad innegable. Así, lenguas que durante siglos han convivido con toda naturalidad con el español son lo único que, aparentemente, marcaría una diferenciación real y profunda.
Como siempre, los argumentos de los nacionalistas son falaces: dicen desde el PDeCAT que lo normal en un estado plurinacional es que se puedan usar las distintas lenguas en sus instituciones, pero España no es un Estado plurinacional: la única nación que reconoce la Constitución es la española, "patria común e indivisible de todos los españoles".
Por último, hay un asunto que todo el mundo parece olvidar: los diputados son elegidos por una u otra provincia, pero representan a todo el pueblo español y, por tanto, todo el pueblo español tiene derecho a seguir sus deliberaciones. Cuando un diputado por Málaga, por Barcelona o por Lugo habla en el Congreso lo hace para los 46 millones de compatriotas, vivan donde vivan y hablen los idiomas que hablen; por tanto, su obligación es hacerlo en la única lengua que todos tenemos el derecho y el deber de conocer.