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La corrupción anega el régimen socialista andaluz

El desfalco de las arcas andaluzas no pudo realizarse sin la aprobación de los órganos de la Junta y el conocimiento de sus principales dirigentes.

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La juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE falsos en Andalucía, decretó este sábado prisión para cuatro personas de las veintidós detenidas en la última fase de la investigación, con lo que son ya siete los encarcelados y más de ochenta los imputados en el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia democrática.

Desde que se detectaron las primeras prejubilaciones fraudulentas en la empresa pública sevillana Mercasevilla, el juzgado de instrucción número 6 de la capital andaluza ha ido destapando una inmensa trama de corrupción cuyos integrantes se habrían apropiado de mil millones de euros según las primeras estimaciones oficiales. Pero la gravedad de este escándalo de corrupción no radica sólo en el montante del dinero desvalijado, el más abultado en un caso de corrupción de la historia de España, sino en el hecho de que se hayan robado fondos destinados a cubrir las necesidades de los trabajadores que eran despedidos de las empresas en crisis, lo que otorga al delito un grado añadido de mezquindad y vileza.

A la luz de lo que se sabe del caso, el PSOE andaluz podría ser considerado, con todo merecimiento, como la organización política más corrupta del orbe civilizado. Tras más de treinta años ininterrumpidos en el poder, el socialismo hace tiempo que dejó de ser en Andalucía una opción política más del amplio espectro democrático para convertirse en un régimen dictatorial en el que la administración está única y exclusivamente al servicio del partido y sus dirigentes. No de otra forma puede entenderse el desfalco continuado por más de un lustro en que las autoridades económicas de la Junta de Andalucía, de la primera a la última, estuvieron dando luz verde a las entregas irregulares de fondos para su libre disposición al margen de los procedimientos administrativos exigidos en las leyes.

Mención especial merecen los dos sindicatos de izquierdas, UGT y CCOO, presuntos colaboradores necesarios en esta trama delictiva dedicada a esquilmar el dinero reservado a paliar las duras condiciones de los parados andaluces. Los dos sindicatos aparecen como los grandes beneficiarios de este tinglado cuyos integrantes están acusados de cohecho, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito fiscal. A falta de completar las investigaciones, la jueza instructora señala a ambos sindicatos como los receptores directos de más de cuatro millones de euros procedentes del "fondo de reptiles" de la Junta de Andalucía, mientras sus dirigentes se dedican a protestar por la escasa sensibilidad social... del gobierno del PP.

A estas alturas del caso es un sarcasmo pretender que todo se reduce a la actuación individual de algunos caraduras -¡nada menos que ochenta!-, sobre cuyos manejos las autoridades de la Junta eran absolutamente ajenas hasta que una jueza voluntariosa destapó los entresijos de la trama.

Es un insulto a la inteligencia pretender que un personaje pintoresco como el exsindicalista de UGT Juan Lanzas se pueda haber apropiado de trece millones de euros, en una operación en la que han desaparecido más de ochocientos, y todo sin que nadie por encima de él sospechara lo más mínimo. Muy al contrario, lo lógico es pensar que ese desfalco impresionante de las arcas públicas andaluzas no pudo llevarse a cabo sin la aprobación de los órganos políticos de la Junta y el conocimiento preciso de sus principales dirigentes, Chaves y Griñán, aunque ambos personajes nieguen cualquier relación con el escándalo por acción u omisión.

El caso Bárcenas, que ocupa casi en solitario el espacio mediático dedicado a la corrupción política, es al lado de los ERE de Andalucía prácticamente una anécdota menor. Por supuesto que hay que exigir todas las responsabilidades, políticas y judiciales, a que haya lugar en el PP y fuera de él por este feo asunto, pero también en la Junta de Andalucía, donde el socialismo está acostumbrado a convivir con sus muchas corrupciones en un régimen de total impunidad gracias a la pasividad de una izquierda política y ciudadana que, para vergüenza de todos sus representantes, sólo se moviliza cuando el que roba no es "de los suyos".

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