Dada la clamorosa indolencia y pasividad que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantuvo hasta días después de que los golpistas consumaran su tan largamente anunciada como ilegal consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, resultan enormemente gratas y esperanzadoras las sensatas y prudentes diligencias que el Ministerio Público está llevando a cabo con el fin de castigar los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos inherentes a la promulgación del decreto de convocatoria de la nueva consulta secesionista, así como de evitar la reincidencia en dichos delitos que conllevaría la celebración de la misma.
En este sentido, actuaciones como la querella de la FGE contra el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y los miembros de su Gobierno por los referidos delitos resultan tan encomiables y ajustadas a Derecho como la orden del propio Ministerio Público de tomar declaración en condición de investigados a todos los alcaldes que se hayan ofrecido a colaborar en la organización de la votación ilegal; diligencia en la que también se les advierte de que si se niegan a comparecer se ordenará su "detención y presentación en Fiscalía" para tomarles declaración.
Con todo, conviene hacer una serie de consideraciones a fin de no lanzar prematuramente las campanas al vuelo. En primer lugar, llama la atención el desigual tratamiento dado a los cabecillas del golpe –Puigdemont y sus consejeros– y a los alcaldes que les han ofrecido colaboración. Si tiene sentido citar a estos últimos para constatar su determinación a vulnerar la legalidad, también lo tendría citar –con igual advertencia de detención– a los igualmente sediciosos mandatarios regionales, máximos responsables del 1-O. Además, y habida cuenta de que existe el delito en grado de tentativa, resultaría esperpéntico que, una vez constatada en sede judicial la determinación de los investigados quebrantar la ley, se les dejara en libertad y al frente de sus instituciones.
Por otra parte, resulta llamativo que estas oportunas actuaciones contra los alcaldes no se extiendan a los máximos responsables de TV3, que desde hace tiempo están brindando respaldo y publicidad al referéndum ilegal, por mucho que ahora hayan "interrumpido" su agitptop. ¿Es ilegal ceder instalaciones municipales para la comisión de un delito pero no brindarle apoyo a través de una televisión pública?
En tercer lugar, aun cuando las actuaciones de la Fiscalía fueran las más completas posibles en defensa de la legalidad, nada garantiza que no se disuelvan como un azucarillo a la hora de castigar los delitos ya perpetrados y los que están anunciados para el 1-O. Para empezar, el TSJC, que ha admitido a trámite una querella contra Puigdemont por los delitos de prevaricación y desobediencia, no se ha atrevido, sin embargo, a pronunciarse respecto del delito de malversación, el único de los tres que conlleva pena de cárcel. A este respecto, conviene no olvidar que fue la propia Fiscalía la que, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, se dedicó a retirar buena parte de las acusaciones que conllevaba inicialmente la tardía pero completa querella presentada por el propio Torres Dulce contra Mas y demás acusados por el 9-N.
Finalmente, cabe advertir que, aunque las encomiables actuaciones de la Fiscalía fueran suficientes para evitar el 1-O (cosa posible, dado que la fortaleza y determinación de los golpistas se alimenta esencialmente de la condescendencia, pasividad, incluso cobardía de los máximos responsables de hacer cumplir la ley), el ilegal proceso secesionista iniciado en 2012 no se reduce a la celebración de esas votaciones.
El restablecimiento del orden constitucional en Cataluña va a mucho más allá de evitar desobediencias imposibles de ocultar a la opinión pública como unos referéndums ilegales: hay que acabar de forma efectiva con aberraciones que desgraciadanmente no se televisan, como el adoctrinamiento en el odio a España, la erección de estructuras de Estado ilegales, las resoluciones que sientan las bases de una pretendida transitoriedad jurídica o una inmersión lingüística que cercena un derecho tan fundamental como poder enseñar y estudiar en español en España.
La Administración regional catalana, en definitiva, no puede seguir en manos de quienes atentan tan gravemente contra los intereses de Cataluña y del resto España.