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EDITORIAL

La izquierda y el incremento de la ocupación ilegal de viviendas

La lenidad de nuestras leyes, la dilación judicial y la complicidad ideólogica de la extrema izquierda favorecen este tipo de delitos

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Las noticias que han proliferado en los últimos días referentes a la ocupación ilegal de viviendas, ya sea en Málaga, Murcia o, muy especialmente, Barcelona, constituyen sólo un pequeño ejemplo de hasta qué punto se ha disparado la comisión de este tipo de delitos contra la propiedad privada en los últimos años. Así, el número de sentencias condenatorias por la usurpación de bienes inmuebles en nuestro país ha pasado de las 488 dictadas en 2008 hasta las 3.278 emitidas en 2015.

La razón de la proliferación de esta lacra se encuentra fundamentalmente en la dilación judicial –hasta tres años pueden llegar a tardar los legítimos inquilinos o propietarios en recuperar su vivienda por vía judicial- como, sobretodo, en la ineficacia y lenidad de nuestro ordenamiento jurídico a la hora de dictaminar el inmediato desalojo del inmueble ilegalmente ocupado así como a la hora de castigar a este tipo de delincuentes.

A la injusta consideración de "delito leve" que nuestras leyes otorgan a la usurpación inmobiliaria y la ridícula pena de multa de tres a seis meses, se suma el hecho de que la actuación policial en estos casos está muy limitada, ya que los agentes sólo pueden impedir la ocupación si se encuentran a los infractores en un caso de "delito flagrante", es decir, en el momento justo de la usurpación. En el resto de casos, al propietario sólo le queda acudir a la comisaría a denunciar y demostrar que este inmueble es suyo para poder desalojar. Una vez planteada la denuncia, la Policía debe ir a comprobar la situación y como mucho a hacer el atestado y pasárselo al juzgado, y ya no vuelve hasta que, meses o años después, tal y como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, se dicte una orden de desalojo. Debería bastar, sin embargo, que la Policía, en su primera comparecencia, desalojara a quien no pudiese acreditar la propiedad o el contrato de arrendamiento del inmueble, con independencia de que este último pudiese hacer las reclamaciones judiciales oportunas en el caso de considerar que es él quien estaba ocupando la vivienda conforme a derecho.

Por el contrario, a lo anterior hay que sumar el hecho de que la reforma del Código Penal en julio de 2015 dictaminó que la prescripción por el delito de usurpación sin violencia pasase de cinco años a sólo uno y que el carácter de los antecedentes se modificara, no computándose a partir de entonces a efectos de reincidencias.

Ante este panorama no es de extrañar que a la inmensa mayoría de los okupas su delito le salga gratis y que, después de haber disfrutado ilegalmente de una vivienda durante meses o años, pasen inmediatamente a "okupar" otra. Tampoco es de extrañar visto lo visto, que los ciudadanos terminen por tomarse la justicia por su mano, bien sea convirtiéndose en "okupas" de sus propias viviendas aprovechando la salida de sus usurpadores, bien sea desalojándolos a pedradas, tal y como ha sucedido recientemente en un pueblo de Murcia, bien sea contratando servicios de empresas como Desokupa.

Finalmente, no podemos obviar el papel que ha desempeñado la extrema izquierda a la hora de tratar de lograr la aceptación social de este tipo de delito apelando demagógicamente a la crisis y a la falta de recursos de quienes los perpetran. Ahora que el delito no afecta exclusivamente a las viviendas en propiedad de bancos o entidades financieras, guardan silencio; pero lo cierto es que el respaldo político que durante años han otorgado a los okupas y su tradicional falta de respeto a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada también ha ejercido como caldo de cultivo para que este tipo de delito haya proliferado en tan gran medida.

En cualquier caso ya va siendo hora de que en España, conforme a cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre, se castigue y se disuada este tipo de delito con la severidad que merece toda agresión a un principio tan vital para la prosperidad, la libertad y la seguridad jurídica como es el derecho a la propiedad privada.

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