Dolores Delgado ha protagonizado numerosas polémicas desde que llegó al cargo de Fiscal General del Estado comenzando por su propio nombramiento, que tuvo lugar tras haber ejercido de ministra en el primer Gobierno sanchista. Es la primera vez en nuestra democracia que se elige para ese puesto tan esencial a una persona claramente contaminada por haber formado parte de un Gobierno que, además, ha hecho del sectarismo y el odio ideológico sus principales señas de identidad.
Con estos antecedentes no cabía esperar que Delgado ejerciera sus competencias con la debida imparcialidad. Ella misma ha confirmado estas sospechas con creces en cada asunto que ha afectado al Gobierno del que formó parte, con actuaciones tan deleznables como los indultos a los golpistas catalanes o su obstrucción de todas las investigaciones incómodas para la estrategia política de su anterior jefe, Pedro Sánchez. Pero, sin duda, es en su política de nombramientos donde se ve con más claridad el profundo sectarismo de una fiscal que actúa movida única y exclusivamente en función de sus prejuicios ideológicos.
El empecinamiento de Dolores Delgado en colocar a uno de sus afines en la Sala de Menores del Supremo es tan solo el último escándalo de esta política metida a fiscal, dispuesta a todo con tal de imponer a su candidato a pesar de su clamorosa falta de idoneidad. Tan es así que el propio Tribunal Supremo rechazó en dos ocasiones el nombramiento de este miembro de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación izquierdista de la que forma parte la propia Dolores Delgado, con dos autos que contienen, además, fuertes críticas a la política de nombramientos de la Fiscalía.
Delgado ha hecho caso omiso de ese doble rechazo porque se niega a nombrar al otro fiscal propuesto para el puesto, al que acusa de carecer "de sensibilidad en perspectiva de género". La exministra sanchista, que comentaba con el comisario Villarejo el "éxito garantizado" de los chantajes sexuales con jóvenes prostitutas, no hacía entonces gala de esa sensibilidad que reclama a los candidatos que no son de su cuerda, como si la creencia en los mantras izquierdistas fuera determinante para que un fiscal cumpla sus funciones con ejemplaridad.
El desacato de la fiscal general de Sánchez al Alto Tribunal es un escándalo más que hay que sumar a su ya largo historial de enfrentamientos con la Justicia cuando sus decisiones no convienen al Gobierno socialcomunista. Esta situación incapacita a ese Gobierno para buscar acuerdos con el principal partido de la oposición, porque su acción constante y la de sus subordinados demuestra que el objetivo no es despolitizar a la Justicia, sino convertirla definitivamente en un instrumento más del Gobierno a su servicio exclusivo.