A escasos mes y medio de la celebración en Cataluña de la nueva y no menos ilegal consulta secesionista prevista para el próximo 1 de octubre, a nadie deberían sorprender las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en las que descarta definitivamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución como forma de evitar la consumación de este delito anunciado y de restablecer el orden constitucional en dicha comunidad autónoma.
La razón de dicha negativa por parte del gobierno de la nación no se debe tanto a una cuestión de falta de tiempo, tal y como bochornosamente ha alegado Hernando, sino a una irresponsable falta de determinación política por parte de un Ejecutivo que, sencillamente, no se atreve a atender su obligación de hacer cumplir la ley en toda España, y que, ante el ilegal proceso de ruptura iniciado en 2012, no ha hecho otra cosa que mirar hacia otra parte o hacer contraproducentes y apaciguadoras ofertas de diálogo a los golpistas que desde entonces rigen las instituciones autonómicas catalanas.
Aun cuando fuera cierto que existen otras fórmulas "más oportunas y realistas" que la de suspender la administración autonómica en Cataluña como forma de evitar la consumación del nuevo desafío a nuestro Estado de Derecho, resulta absolutamente estúpido y temerariamente irresponsable desposeerse preventivamente de un instrumento constitucional concebido precisamente para evitar que desde las propias instituciones del Estado –como son también las instituciones autonómicas-, se pueda atentar gravemente contra los intereses de España.
Por otra parte, no puede obviarse el hecho de que si no queda tiempo para poner en marcha la suspensión -ya fuese parcial o total, temporal o indefinida- de la administración autonómica en rebeldía, el responsable de ello no sería otro que el gobierno que durante meses ha tachado veladamente de "desproporcional" y de "sobreactuación" la aplicación del articulo de marras. Vamos, como si el gravísimo desafío institucional y las numerosísimas desobediencias perpetradas por los mandatarios regionales a las resoluciones de nuestros más altos tribunales sólo fueran un chiste de mal gusto que no mereciese más que un leve desagrado o mohín de displicencia.
Lo cierto es que a estas alturas el gobierno de la nación ni siquiera se atreve a decir cuáles son esas fórmulas "más oportunas y realistas" que, según el propio Ejecutivo, existen para evitar que los mandatarios regionales, por segunda vez en la historia reciente, vulneren el ordenamiento constitucional con una ilegal consulta secesionista. El gobierno sigue dando por descontado que ese referéndum no se celebrará con la misma convicción con la que decía que el del 9 de noviembre de 2014 tampoco se celebraría. Lo más alarmante es que en esa cómoda ceguera voluntaria se ha instalado nuevamente el resto de la clase política constitucionalista, incluido Ciudadanos. A este respecto conviene recordar a la líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, que si el gobierno de Rajoy cometió, ciertamente, "el error de permitir el 9-N", el líder de su partido, Albert Rivera, también cometió el error de creer que aquella consulta ilegal no se celebraría: el mismo error que la propia Arrimadas cometería si la consulta del 1-O, que ella asegura que el Gobierno no va a permitir, finalmente se celebra.
No sabemos, pero tal vez nuestra clase política constitucionalista con representación parlamentaria haya puesto toda su esperanza en la sentencia del Tribunal Constitucional que, probablemente, este mismo miércoles dictaminará el rechazo al recurso planteado por la Generalidad contra la suspensión de la reforma del reglamento del parlamento catalán para tramitar de forma exprés la consulta del 1 de octubre. A este respecto, sería sorprendente que los golpistas mandatarios regionales no dedicasen a esa sentencia el mismo desprecio que han dedicado a todas y cada una de las que la han precedido contra su sedicioso proceso de ruptura. Pero, en fin, habrá que dar tiempo al tiempo para ver qué logran esas fórmulas más "oportunas y realistas" de cara a evitar que el próximo 1 de octubre se produzca en Cataluña lo que no se evitó el pasado 9-N.