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La sucia mano de la política en la justicia

La actuación de Moliner pone de manifiesto la estafa que el PP cometió con sus votantes al asegurar que el CGPJ sería elegido por los jueces.

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Como si no hubiera suficiente constancia de los manejos del poder político en la Justicia, el presidente del Consejo General Judicial hizo esta semana unas declaraciones sobre la juez Alaya que forzosamente han escandalizado a los medios independientes y a la sociedad española en su conjunto. En un claro abuso de sus funciones, el máximo responsable de nuestro sistema judicial se atrevió a amenazar con un expediente disciplinario a la jueza que investiga la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, según él poco diligente en la tramitación del que, probablemente, sea el asunto más complejo que se dirime en los tribunales españoles en estos momentos. Tras una década de expolio sistemático de los fondos destinados a paliar el cierre de empresas andaluzas por parte de las autoridades socialistas de la Junta y decenas de implicados a todos los niveles, Moliner debería evitar esas urgencias sobrevenidas que suenan más a exigencia externa que al sano celo profesional de alguien que simplemente pretende agilizar la aplicación de la Justicia.

La jueza Mercedes Alaya no sólo se está enfrentando a un caso de enorme complejidad con los simples recursos de su modesto juzgado, sino también al acoso sistemático del PSOE, hegemónico desde hace más de tres décadas en Andalucía, y cuya capacidad de maniobra para obstruir la acción de la justicia ha quedado suficientemente de manifiesto a lo largo de todo el proceso. Alaya, además, estuvo seis meses de baja médica y, por tanto, incapacitada para impulsar la instrucción del caso, dilación de la que no puede hacérsele responsable por razones obvias. Si a todo eso le sumamos el temor propio de los jueces en España a que su labor instructora quede en entredicho cuando se somete al criterio de órganos superiores, todos ellos politizados en mayor o menor medida, resulta del todo punto lógico que Mercedes Alaya intente atar bien todos los cabos de un asunto tan complejo y con tantas ramificaciones, aunque ello le valga la reprimenda injustificada de su máximo superior jerárquico.

Las últimas actuaciones de Gonzalo Moliner, que ha pasado de justificar operaciones de acoso callejero propias de las dictaduras a abroncar en los medios de comunicación a una jueza especialmente diligente, ponen de manifiesto la estafa electoral que el Partido Popular cometió con sus votantes cuando aseguró que se encargaría de volver al orden constitucional, permitiendo que la mayoría de los miembros del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces. No sólo no ha sido así, sino que la degradación de la Justicia en España se ha agravado con el nombramiento de un personaje, el ínclito Moliner, al que, para mayor escarnio, Gallardón se refirió en conversación con Rubalcaba espetándole un incalificable "no te quejarás, que he puesto a uno de los tuyos".

La Justicia fue corrompida en su vértice por los gobiernos del PSOE y con éste del PP sólo cabe esperar que la descomposición se extienda hacia su base de manera imparable. De los socialistas cabía esperarlo de sobra. En el Partido Popular, en cambio, se trata de una traición en toda regla a sus votantes, desgraciadamente ya acostumbrados a servir de moneda de cambio en los enjuagues que los populares perpetran con el PSOE cada vez que llegan al poder.

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