Por mucho que la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia y un expreso, taxativo y reciente comunicado de este mismo tribunal "no establecen para sus magistrados incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales", la campaña impulsada por El País y secundada por la izquierda y los nacionalistas contra el presidente del Tribunal Constitucional y antiguo afiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, no ha hecho más que empezar.
Si hace unos días personajes como Rafael Vera o Baltasar Garzón comunicaban su intención de recusar a Pérez de los Cobos por su afiliación al PP, este martes son los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco los que nos anuncian su intención de apartar al magistrado con el que lógicamente no tienen afinidad ideológica alguna.
Aunque Josu Erkoreka ha asegurado que el Gobierno vasco todavía está estudiando los pleitos que ha tenido en el Tribunal Constitucional en los que ha intervenido Pérez de los Cobos, el portavoz del Ejecutivo autonómico catalán, Frances Homs, ya ha concretado la recusación del presidente del Constitucional en 24 procedimientos de recursos de constitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte la Generalidad.
Es evidente que Pérez de los Cobos podrá y deberá abstenerse o, en su caso, ser recusado en algunos litigios, no por haber sido militante de ningún partido, sino, al igual que cualquier otro miembro del Tribunal Constitucional, si incurre en alguna o varias de las causas de abstención y, en su caso, recusación que señala el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que, en este punto, sí deriva la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Esta es la razón, de hecho, por la que Pérez de los Cobos y otros magistrados ya se han debido abstener en algunas en algunas votaciones en el pasado; o la razón por la que hace años fue recusado el magistrado Pérez Tremps de las deliberaciones respecto a la constitucionalidad del "estatuto" soberanista catalán. Pérez Tremps pudo ser recusado de esta causa porque tres meses antes de acceder al Constitucional había firmado con la Generalidad un contrato de asesoramiento en la redacción del texto estatutario por el que había cobrado 6.000 euros.
De igual forma, si llegado el momento de deliberar sobre la constitucionalidad de la última reforma laboral, se llegase a la conclusión de que el actual presidente del Tribunal Constitucional, no en razón a su pasada militancia de base en el PP, sino en base a su condición de miembro de la Comisión de Expertos en Aplicaciones de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ha participado de manera directa o indirecta en el asunto objeto del pleito, también podría ser recusado del mismo.
Ahora bien: No parece ser la reforma laboral el asunto que preocupa a los nacionalistas tal y como se deriva de los pleitos en los que quieren apartar a Pérez de los Cobos tales como son los concernientes a la ley catalana de Educación, del Cine, el Código de consumo de Cataluña o los decretos de la Generalidad referidos a horarios comerciales o a impuestos sobre depósitos bancarios.
Entiéndasenos bien: A diferencia de los hipócritas enterradores de Montesquieu que ahora se rasgan las vestiduras, la denuncia de la politización de la Justicia ha sido una constante de Libertad Digital desde el mismo momento de su fundación. Pero esa nefasta politización no radica en que los magistrados del Tribunal Constitucional puedan ser o haber sido militantes de un partido político, sino al hecho de que son los partidos políticos los que nombran y cesan a los miembros de nuestros más altos Tribunales. Si hay una mano política que puso en el cargo a Pérez de los Cobos, no menos política es la mano que quiere apartarlo.