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EDITORIAL

Los separatistas no dudan

Es evidente la pretensión de los sediciosos de 'socializar el delito' e implicar al mayor número de personas en unos hechos con indudable trascendencia penal

Ya podrá Rajoy asegurar que impedirá la ilegal consulta separatista del 1 de octubre con la misma rotundidad con que garantizó que la del 9-N no se iba a celebrar. Ya podrá Pedro Sánchez poner en duda que los golpistas vayan a consumar este nuevo desafío al Estado de Derecho. Ya podrá el exconsejero catalán Francesc Homs estar "hasta los huevos" por la fulminante destitución del consejero Jordi Baiget a causa de unas declaraciones en las que se limitaba a cuestionar no tanto la celebración de la consulta como su carácter vinculante y su reconocimiento jurídico. Lo cierto es que Junts pel Sí y la CUP han puesto este martes determinación y letra a su nuevo desafío al ordenamiento jurídico presentando en el Parlamento autonómico la llamada Ley del Referéndum, con la que pretenden convocar esa nueva votación ilegal para que los catalanes decidan si quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente.

A ellos se han sumado tres diputados de Podemos y uno de EUiA, mientras que el resto de los diputados de Catalunya Sí que es Pot rechazaban, junto a los de Ciudadanos, PSC y PP, participar en este acto que los secesionistas han querido solemnizar asegurando: "[Es] la ley más importante que se tramitará en esta sede democrática".

Aunque ya se conocían algunos detalles de los preparativos del delito al que los secesionistas pretenden otorgar rango de ley suprema, llama la atención la pretensión de que las mesas electorales se formen, como en una convocatoria legal, por sorteo entre las personas que formen el censo, los residentes en Cataluña con derecho a voto. Más llamativo todavía, a la par que delictivo, es la pretensión de que los miembros de las mesas electorales elegidos por sorteo acudan a la misma de manera "obligatoria". También es reseñable la creación de un censo, que difícilmente "elaborará el Govern" sin violar también la Ley de Protección de Datos; o la creación de una "sindicatura electoral" formada por "juristas", con las funciones habituales de la Junta Electoral Central, pero con la diferencia de que sus miembros los elegirá el Parlamento autonómico "por mayoría absoluta"; es decir, bastarán los votos de Junts pel Sí y la CUP para designarlos.

Es evidente la pretensión de los sediciosos de otorgar a este cúmulo de delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos la apariencia de un referéndum legal con carácter vinculante. Tan evidente como la de socializar el delito e implicar al mayor número de personas en unos hechos con indudable trascendencia penal. Sin embargo, ello sólo es posible gracias a la cobarde e irresponsable dejación de funciones del Gobierno de Rajoy y de la clase política supuestamente constitucionalista, que, antes de suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución, permiten a sus sediciosos gobernantes atentar gravemente contra el interés de España y de la propia Cataluña desde las instituciones del Estado.

Precisamente para evitar que personas con mando en plaza pudieran implicar a sus subordinados y a los ciudadanos en sus pretensiones de atentar contra el Estado de Derecho es por lo que se concibió el artículo 155 de marras.

Es cierto que los tribunales siempre podrán a posteriori acotar las responsabilidades y castigar exclusivamente a los cabecillas; pero castigar no es impedir la comisión de un delito; delito extraordinariamente grave que no dejará de serlo por muy chapucera que pueda ser su ejecución. Eso, por no hablar del escaso castigo que supuso absolver a los culpables del 9-N de los delitos de prevaricación, usurpación de funciones y malversación, tal y como bochornosamente ocurrió con aquel simulacro de juicio.

Ojalá el Gobierno se atreva, en cualquier caso, a restablecer el orden constitucional en Cataluña antes del 1 de octubre. A día de hoy, los separatistas ya han explicado muy detalladamente cómo piensan volver a vulnerar el ordenamiento jurídico sin que el Gobierno de la Nación se haya atrevido a explicar cómo piensa impedirlo. Como para que el Rey y, con él, todos los españoles no estén preocupados.

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