La irrupción en Ceuta de más de 8.000 marroquíes, muchos de ellos menores de edad no acompañados, constituye una crisis sin precedentes, al tratarse de la mayor oleada de inmigrantes ilegales jamás registrada en un solo día. Se trata de una auténtica invasión y de un ataque a la integridad y la soberanía nacionales que la embajadora de Marruecos ha tenido la desvergüenza de justificar por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir, alegando razones humanitarias, la hospitalización en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Si el hecho de que Ghali esté acusado de violación, terrorismo, torturas y crímenes de lesa humanidad no es óbice para que comparezca como investigado el próximo 1 de junio ante la Audiencia Nacional, tampoco lo es para que el Gobierno haya decidido que se le preste en España atención médica. Menos impedimento aún debería ser el temor a las represalias de un régimen chantajista como el que detenta el poder en Marruecos.
Lo que no es de recibo son el temor y la debilidad del Gobierno ante Rabat, que encima tiene la desfachatez de llamar a consultas a su embajadora, quien a su vez se permite justificar la represalia en forma de invasión sobre la base de que "hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir".
Ante este monumental desafío a la integridad y la soberanía nacionales, el Gobierno no sólo debe ordenar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), con la ayuda del Ejército, restablezcan el orden y procedan a la llamada devolución en caliente de todos los ilegales –práctica avalada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, sino que habría de replantearse radicalmente el marco de las relaciones con Rabat.
Es una vergüenza que España destine ayudas fabulosas a Marruecos –como los más de 30 millones de euros que le ha brindado este mismo martes– para un despliegue policial contra la inmigración ilegal que Rabat se permite interrumpir cuando le viene en gana para someter o presionar a Madrid. Bien es cierto que la culpa de esta irresponsable dependencia la han tenido y la siguen teniendo los sucesivos Gobiernos centrales, que, por no permitir a los CFSE hacer un uso proporcional de la violencia para repeler las entradas ilegales de inmigrantes, delega esas labores en las fuerzas marroquíes.
Un país donde se banaliza el racismo al tachar de racista lo que no sería más que legítima y deseable tolerancia cero ante la inmigración ilegal; donde el Gobierno no reconoce ni el derecho ni el deber de emplear legítima y proporcionalmente la violencia contra quienes ilegalmente cruzan las fronteras y donde se hace abdicación de tan elemental responsabilidad no se puede extrañar de que pasen cosas así. Mientras todo esto no cambie, España seguirá sufriendo de forma permanente una dependencia de Marruecos que no le evitará invasiones como la actual.
Dicho de otra forma: mientras esto no cambie, no habrá más remedio que darle servilmente la razón a la impresentable embajadora de Marruecos cuando dice eso de que "hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir".