En 2012 el presidente de la Generalidad, Artur Más, proclamó desafiante que "ni tribunales ni constituciones" pararían el proceso secesionista. Dos años después, el 9 de noviembre de 2014, en Cataluña se perpetró una consulta secesionista clamorosamente ilegal.
Ese oprobioso 9-N no es el único, pero sí uno de los más claros ejemplos de desobediencia por parte de la Generalidad; tanto a la Constitución –muy clara al defender la indisoluble unidad de la nación española y al señalar que la soberanía nacional reside en el pueblo español– como al Tribunal Constitucional, que hasta en tres ocasiones prohibió la celebración de cualquier consulta en ese sentido.
El tiempo dirá si el 9-N queda impune. Por lo pronto, el juicio contra los imputados por un delito de desobediencia –el presidente Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau– no ha podido arrancar de forma más bochornosa. En primer lugar, por el show organizado por los separatistas a las puertas del tribunal en apoyo de los primeros llamados a declarar –Rigau y Ortega–, en el que han participado todos los miembros del Gobierno regional y hasta el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca: es indignante que el abogado de una infanta de España, padre además de la Constitución, haya brindado apoyo a los promotores del más grave desafío institucional al ordenamiento jurídico español.
Por otra parte, aunque ha de celebrarse que el TSJC haya emitido un comunicado en el que denuncia el acoso nacionalista, pues "cuestiona la legitimidad de los jueces y tratar de influir en su toma de decisiones", cabe sospechar de la independencia del tribunal, presidido por un magistrado nombrado a propuesta del partido al que pertenecen los imputados, el descompuesto CiU, y de ERC, el otro gran impulsor del proceso secesionista.
En segundo lugar, tan vergonzosas como el hecho de que los imputados se hayan negado a contestar a las preguntas del fiscal y a las de la acusación particular son las respuestas dadas al juez por Rigau y Ortega: la consejera de Enseñanza ha asegurado que no dio órdenes de ningún tipo para que se abrieran los institutos, que todo fue voluntario y espontáneo y que no tenía la sensación de haber hecho nada contrario a derecho, sino de cumplir un "mandato del Parlament". Ortega, por su parte, y a diferencia de Rigau, ha asumido toda la responsabilidad de la logística del 9-N, aunque ha coincido con su excompañera de Gobierno en que no fue "consciente" de desobedecer al TC ni a ninguna otra autoridad del Estado.
Precisamente contra el "mandato del Parlament" iba dirigido el primero de los tres pronunciamientos del TC que los imputados despreciaron. Eso, por no hablar de los numerosos testimonios de funcionarios que desmienten la supuesta espontaneidad del aquelarre liberticida celebrado aquel día. Y aunque sea cierto, tal y como ha declarado la ex vicepresidenta Ortega, que Mariano Rajoy se dedicó a "menospreciar antes y después" el 9-N, que "pudo haberlo impedido pero no hizo nada", resulta patético que los imputados recurran a las declaraciones del presidente del Gobierno como prueba de descargo a la hora de pretender que no tenían la "sensación" de haber hecho nada contrario a derecho.
Queda por ver ahora qué declara Mas cuando le toque acudir al tribunal. Lo que no queda por saber es qué pretende: seguir adelante con su golpe de Estado. Y son las propias instituciones del Estado las que deben abortarlo.