Bernardo Montoya, confeso agresor sexual y asesino de Laura Luelmo, ya fue condenado en 1997 a 17 años de cárcel por el asesinato de una anciana, a la que asestó varias puñaladas porque iba a declarar contra él en un juicio por robo. Lo más grave es que este asesino ya disfrutó de un beneficio penitenciario en 2008, durante el cual trató de agredir sexualmente a una joven, sin llegar a conseguirlo gracias al perro de la víctima, que se interpuso y al que asestó una puñalada. En 2010, tras otro permiso penitenciario, durante el que comete otros delitos menores, no regresa a prisión. Tras ser detenido y terminar de cumplir en 2016 su condena por el asesinato de la anciana, Montoya tardó escasos meses en perpetrar dos robos con fuerza, por los que fue condenado a una exigua pena de dos años de cárcel. Puesto en libertad el pasado mes de octubre, Montoya ha vuelto a tardar bien poco en perpetrar un nuevo crimen.
El asesinato de Luelmo es otro más de los numerosos crímenes cometidos por personas que debían seguir en prisión y que no lo estaban gracias a condenas muy bajas o a permisos a todas luces precipitados, pero la izquierda no se plantea ni el endurecimiento de las penas ni la reducción de permisos y concesiones del tercer grado a los criminales más peligrosos. En lugar de ello, tanto el PSOE como Podemos han arremetido contra el PP por defender la prisión permanente revisable y reivindicado la ominosa Ley contra la Violencia de Género, tan injusta como ineficaz.
Es cierto, tal y como ha señalado con cinismo el presidente del Gobierno, que la pena de prisión permanente revisable está en vigor desde el año 2015 y que no ha evitado el asesinato de Laura. Difícilmente podría haberlo hecho, habida cuenta de que la condena de Montoya por el asesinato de la anciana fue previa a su aprobación. En cuanto a la Ley contra la Violencia de Género, lo único que ha conseguido es vulnerar un principio elemental en todo Estado de Derecho como el de igualdad ante la ley y socavar la presunción de inocencia de los hombres por el mero hecho de serlo. Y si bien aún no hay estadísticas sobre la evolución de los delitos sometidos a la pena de prisión permanente revisable, las relativas a los delitos a los que se refiere la Ley contra la Violencia de Género lo único significativo que ofrecen es un aumento de las denuncias falsas.
No es debilitando la presunción de inocencia de los acusados varones ni sometiendo al hombre a discriminación como se van a evitar crímenes como el que ha tenido por víctima a Laura Luelmo. En cambio, elevar las condenas por crímenes especialmente graves y a los reincidentes y someter a un exhaustivo control previo la concesión de permisos penitenciarios sí puede generar, de hecho genera, efectos disuasorios de todo punto imprescindibles.
Por todo ello, hará muy bien el PP en movilizarse y movilizar a la ciudadanía para conseguir que asesinos como el de Laura Luelmo no vuelvan a salir a la calle; y en retractarse de su apoyo a una Ley contra la Violencia de Genero que, lejos de proteger a las mujeres, lo único que hace es satisfacer los delirios liberticidas de los adeptos a la ideología de género.