La población inactiva, aquellas personas que ni tienen ni buscan empleo, no deja de crecer desde principios de los 2000 y, muy especialmente, desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Las manos muertas de la economía española, en estos momentos, ascienden a 17,3 millones según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al segundo trimestre de 2026.
Es cierto que la mayor parte de ese rubro corresponde a los perceptores de una pensión de jubilación, un grupo de población que ha crecido en 2,5 millones de beneficiarios desde 2019. Pero ese dato no explica por sí solo la enorme cifra de ciudadanos en edad de trabajar que ni tienen ni buscan empleo. La causa de este peso añadido al bolsillo del contribuyente hay que buscarla en el incentivo pernicioso que proporciona el Gobierno a aquellos que prefieren subsistir con una paga del Estado, un grupo de población que sigue creciendo de forma imparable para orgullo de Sánchez y sus ministros, que continuamente presumen de que el famoso Ingreso Mínimo Vital (IMV) está llegando cada vez a más gente.
Esta ayuda social, creada en 2020 por el entonces ministro Escrivá, ha dejado de ser un colchón de urgencia para paliar puntualmente situaciones sobrevenidas y se ha convertido en una renta habitual de las familias que la reciben sin necesidad de trabajar. Así pues, no es de extrañar que la mitad de los hogares que ingresan esta ayuda mensual sigan haciéndolo cinco años después de que la Seguridad Social les conceda el IMV.
Hablamos de una prestación estatal de elevada cuantía que, en la mayoría de los casos, supera el salario mínimo interprofesional, dado que el Gobierno no deja de incorporar subidas anuales, la última de las cuales ha sido del 11,4%. La consecuencia es que la cuantía del IMV en las unidades familiares más comunes –dos adultos y dos menores– asciende a 16.700 euros anuales frente a los 14.000 euros del sueldo efectivo más habitual entre los trabajadores españoles, lo que constituye el argumento perfecto para que los beneficiarios traten de mantener esa prestación de manera indefinida.
En estos momentos hay más de 2,5 millones de personas que viven de esta renta mensual a cargo del Estado, una factura que ha de soportar el resto de contribuyentes a través de unos impuestos cada vez más abusivos. Pero estamos ante unas cifras que pueden elevarse exponencialmente cuando se sustancie la regularización exprés decretada por Sánchez, que afectará a más de un millón de inmigrantes ilegales, la gran mayoría de los cuales, dados sus escasos ingresos, se convertirán más pronto que tarde en beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Eso sin contar las ayudas parciales de todo tipo gestionadas por las distintas administraciones españolas, cuya cifra, por abultada y fraccionada, resulta imposible de cuantificar.
Las ayudas sociales del Estado, en su mayor parte, no van dirigidas a personas necesitadas que no tienen otra posibilidad de subsistir. Desde que Sánchez llegó al poder, la ingeniería social y financiera del Gobierno ha ido dirigida a crear una enorme red clientelar con fines electoralistas. Por eso, los socialistas presumen de que el maná estatal está llegando cada vez a más hogares, un chantaje financiado con el dinero de la parte productiva del país, con el que esperan obtener el correspondiente rédito electoral. En definitiva, el proyecto de Sánchez no es otra cosa que una España de ninis para seguir gobernando cueste lo que cueste.