Es público y notorio que la Junta Electoral Central dictó el pasado día 3 la inhabilitación de Quim Torra como diputado del Parlamento regional de Cataluña, después de que el Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJC) condenase al supremacista a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, tras negarse a retirar los lazos amarillos golpistas de los edificios de la Generalidad.
También es de sobra conocido que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) decidió el pasado jueves mantener de forma cautelarísima la inhabilitación de Torra, que indefectiblemente ha de ser diputado para poder mantenerse como presidente del Gobierno regional catalán.
Y a nadie se le debería haber olvidado que, por ese delito de desobediencia y otros gravísimos desafíos al orden constitucional perpetrados por el golpista Torra, Pedro Sánchez mostró, poco antes de las elecciones generales, su disposición a intervenir la Administración regional en rebeldía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aun cuando por aquel entonces su Gobierno estaba todavía en funciones.
Ni que decir que su afianzamiento en la Moncloa de la mano de la ultraizquierda podemita y de los golpistas de ERC ha hecho que Sánchez se olvide del 155 y de su compromiso electoral de sentar en el banquillo de los acusados al golpista prófugo Carles Puigdemont. Con todo, resulta mucho más grave el descaro y la rapidez con que ha faltado a su imperativa promesa de "guardar y hacer guardar la Constitución", formulada en su toma de posesión, con su negativa a hacer cumplir la inhabilitación de Torra y, en lugar de ello, apoyar que las formaciones separatistas, secundadas por el PSC, hayan sometido ilegalmente a votación en el Parlamento catalán esas resoluciones judiciales y, por supuesto, votado en contra de las mismas.
¿En qué democracia liberal se somete a votación en el Legislativo –en este caso, además, en un Parlamento subnacional– el cumplimiento de las resoluciones dictadas por un órgano judicial? En un Estado de Derecho digno de tal nombre, los Parlamentos pueden promulgar, modificar o derogar las leyes siempre que respeten la principal de ellas, la Constitución; pero en ningún caso someter a votación las resoluciones que dictan los tribunales. Que los socialistas catalanes hayan participado en ese clamoroso desacato ilustra la infame disposición del presidente del Gobierno a ser compañero de viaje de los golpistas en su persistente desafío a la Nación y al orden constitucional.
Para colmo, Sánchez el felón ha manifestado su voluntad de entrevistarse con el inhabilitado Torra con la excusa de que "sigue siendo presidente de la Generalidad", escandalosa afirmación que lo equipara con el propio Torra (¿recuerdan cuando lo motejaba de "Le Pen español"? en su desprecio por la JEC y el TS. Inaudito e intolerable.
¿De qué sirven las sentencias y las resoluciones judiciales si el jefe del Poder Ejecutivo rehuye su obligación de ejecutarlas y hacerlas cumplir? ¿De qué van a servir las condenas por desobediencia si el Poder Ejecutivo secunda y por tanto excita el desacato?
¿Qué acciones de la Fiscalía General del Estado caben esperar contra el presidente de la Generalidad y ya contra el presidente del Gobierno si es el mismo Sánchez, en alianza con los separatistas, el que ha puesto el Ministerio Público en manos de la turbia Dolores Delgado, exministra del propio Sánchez que, cómo olvidarlo, jamás puso en conocimiento de los tribunales delitos tan graves como los que dijo conocer en una ominosamente célebre conversación con el siniestro comisario Villarejo?
No cabe sino temer lo peor de un Gobierno aupado por criminales y empeñado en apuñalar a Montesquieu a plena luz del día.