Si María Sevilla hubiese defraudado unos miles de euros a Hacienda, los mismos que ahora la presentan como un heroico ejemplo estarían pidiendo poco menos que su inmolación en la plaza pública. Pero la expresidenta de Infancia Libre no defraudó impuestos: lo que hizo fue secuestrar a su hijo, alejarlo de su padre, encerrarlo en un cuchitril infecto del que sólo le dejaba salir menos de una hora al día e impedir su escolarización y su socialización, es decir, su contacto con otros niños de su edad. Por si lo anterior no fuese suficiente, previamente presentó hasta seis denuncias contra su exmarido por agresiones al menor, ninguna de las cuales prosperó judicialmente porque eran todas falsas.
Es decir, que María Sevilla ha tratado de destruir la vida del hombre con el que se casó y, a tal fin, no ha dudado en arrasar la de su propio hijo. De esto exactamente es de lo que estamos hablando, de un ser abominable, de una delincuente, tal y como ha dictaminado una Justicia que, por desgracia, fue tremendamente laxa en su condena, dada la gravedad de los hechos.
Pese a ello y, sobre todo, pese a que la propia Sevilla ha proclamado su nulo arrepentimiento –lo que debería activar todas las alarmas antirreincidencia–, condición legal y moral imprescindible para el indulto, el Gobierno no sólo le ha aliviado sustancialmente la condena –y lo ha hecho en algunos aspectos fundamentales, como permitirle recuperar la patria potestad del hijo al que secuestró–, sino que está presentándola como modelo de "madre protectora", por utilizar la infame jerga orwelliana Irene Montero, ese auténtico peligro público con mando en plaza, concretamente en el ominoso Ministerio de Igualdad, copado por fanáticas de la peor especie.
Este indulto es una fechoría que provoca espanto, perpetrado al amparo de un feminismo liberticida e inhumano que supura odio contra los hombres, inherentemente culpables y contra los que cabe cualquier bajeza, como acusarlos falsamente de maltrato o incluso de pederastia, como han hecho algunas indeseables que ojalá tengan el castigo penal que merecen.
En este escándalo se puede constatar la calaña de un Gobierno pésimo con un potencial de destrucción formidable. Y que nadie se llame a engaño: no se trata de una oportunista cortina de humo para dar un respiro a la banda de Pedro Sánchez e Irene Montero, sino de una pavorosa advertencia del tipo de sociedad que quieren instaurar estos enemigos sañudos de la libertad.