España se enfrenta a la peor crisis económica de las últimas décadas. El Producto Interior Bruto (PIB) del país todavía no ha entrado oficialmente en recesión (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo). Sin embargo, los principales indicadores de la economía, tales como el paro, la inflación o la afiliación a la Seguridad Social mantienen ya una evolución muy similar a la registrada durante el duro ajuste de mediados de los años 90.
Los españoles inician su particular travesía por el desierto, y Zapatero ha decidido ponerse al frente de la marcha, en sustitución de Solbes. Un presidente que, hasta hace poco, confesaba su ignorancia supina en materia económica. Falla, pues, el guía, y más aún la dirección. El plan aprobado por el Gobierno para tratar de superar la crisis no es sólo erróneo, sino contraproducente.
Las medidas anunciadas no salvarán la situación. Son meros parches y, como tales, no lograrán frenar, en ningún caso, los efectos derivados de la crisis financiera internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El Gobierno rehúsa poner en marcha las reformas estructurales de calado que, realmente, precisa la economía española, tal y como recomiendan el Banco de España y el Banco Central Europeo.
Los organismos monetarios advierten de la necesidad de recortar el gasto público y flexibilizar el mercado laboral. Sin embargo, los socialistas desoyen tales recomendaciones, y apuestan justo por lo contrario. El trío que forman Zapatero, Solbes y Sebastián prefieren inyectar una ingente cantidad de recursos para fomentar la construcción de vivienda protegida. Y eso que en España sobran más de 1 millón de pisos. La austeridad presupuestaria, la bajada de impuestos y una previsión macroeconómica adecuada a la realidad brillan por su ausencia en el plan presentado por el Ejecutivo.
La rigidez laboral y las trabas burocráticas dificultan hasta el extremo la pronta reubicación de la abultada masa de parados que proceden del ladrillo y del deterioro del sector servicios y la actividad industrial. Pero sin restarle importancia a este problema, el principal escollo que padece España en materia económica es su elevado endeudamiento. Y por ello su solución no es precisamente incrementar aún más el gasto público, sino fomentar el ahorro, la productividad y la inversión empresarial.
Acudir al déficit y a la deuda del Estado tan sólo agravará la situación. Zapatero tilda ahora de "frenazo" lo que hasta hace poco era una "desaceleración transitoria". Aún hoy es reticente a pronunciar la temida "crisis", pese a que ésta se cierne sobre millones de españoles. Ha tardado casi medio año en reconocer, hasta cierto punto, la gravedad de la situación. El problema es que la economía del país apenas cuenta ya con tiempo para poner en marcha las reformas que realmente demanda. Si el Gobierno insiste en despilfarrar los impuestos de los contribuyentes para intentar salvar a determinados sectores, al final todos pagaremos la factura. Zapatero nos hundirá aún más en la crisis.