Da toda la impresión de que Rajoy ha aceptado la exigencia de Pedro Sánchez de no recurrir al 155 sino después de que Puigdemont haya declarado unilateralmente la independencia. Una aplicación prematura del precepto, habrá argumentado el socialista, haría que sus bases no le permitieran respaldar al Gobierno. La propuesta habrá gustado con seguridad a Rajoy. Por un lado, significaría poder contar con los otros dos partidos constitucionalistas en el momento de tener que votar en el Senado la aplicación del artículo. Ciudadanos ya ha exigido recurrir al 155 y no va a dejar de respaldarlo porque el todavía, por increíble que parezca, presidente de Cataluña proclame la independencia. Por otro, le ofrece la posibilidad de hacer lo que mejor sabe hacer el presidente, que es, de momento, no hacer nada.
Al margen de que el Gobierno de la comunidad autónoma ha dado sobrados motivos para aplicar el artículo sin necesidad de tener que esperar a tanto, dar lugar a que haya una declaración de independencia constituye un gravísimo error. Es verdad que se llevan cometidos muchos y uno más puede parecer poca cosa, pero hay que denunciar con la mayor de las energías que esperar a la proclamación de la independencia es mucho más peligroso que pedir a la Policía Nacional el imposible de cerrar por la fuerza en menos de dos horas más de dos mil centros de votación.
Hasta ahora, el conflicto provocado por la actitud sediciosa del Gobierno catalán ha sido, porque sólo puede de momento ser eso, un problema interno en el que los demás pueden opinar, pero no tienen derecho a intervenir. Que a los comisarios de la Unión Europea sólo les gusten las intervenciones policiales cuando son para defenderles a ellos es irrelevante porque España no tiene por qué explicar cómo solventa sus problemas internos. Quien crea que sus derechos humanos han sido atropellados puede recurrir a Estrasburgo una vez agotados los recursos que la Justicia española le ofrezca. Sin embargo, si se permite que Puigdemont, ostentando el cargo de máxima autoridad, proclame la independencia de Cataluña se estará dando lugar, por escaso que sea el tiempo que transcurra hasta ser destituido vía artículo 155, a que otros países reconozcan a la nueva república. No es difícil aventurar que pueden ser unos cuantos, entre los que sin duda estará Venezuela. Lo grave sería que lo hiciera además un país como Rusia. Putin tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, gran influencia en toda la Europa del Este, especialmente en Alemania, que depende de sus suministros de gas, dinero con el que financiar la secesión catalana y el interés en subvertir la OTAN y la UE, a las que España pertenece.
En el momento en que la independencia se declare, el problema puede dejar de ser interno para convertirse en internacional y ese riesgo no debería ser asumido por el Gobierno bajo ningún concepto. Mucho más después de que Zapatero nos dejara aislados diplomáticamente y Rajoy haya hecho tan poco por remediarlo. Se han cometido muchos errores, pero todos palidecen ante el que se puede estar cometiendo ahora.