Hay muchos españoles que, con independencia de lo que deseen, creen que la actual crisis política tiene tan sólo dos salidas posibles, que Cataluña alcance la independencia o que no lo haga. Y sin embargo el resultado no será, al menos a corto plazo, tan claro. Aunque el Gobierno no lograra impedir la independencia de Cataluña, lo que sí hará, al menos durante un tiempo, es no reconocerla. De manera que los catalanes, si quieren, seguirán siendo españoles a la vez que disfrutan de su recién estrenada independencia. Por eso, no es descabellado que, en esa situación transitoria de independencia no reconocida, en la medida en que el Gobierno catalán lo permita, el Barcelona siga jugando la Liga y Cataluña siga perteneciendo a la Unión Europea como teórica parte de España. Por el otro lado, aun en el caso de que Rajoy acertara a impedir el referéndum, los independentistas seguirían controlando la región, su Gobierno y su presupuesto. Continuarán por tanto avanzando en su independencia de facto mediante la desobediencia de las leyes y sentencias españolas que no les gusten. Al mismo tiempo, no dejarán de aceptar con condescendencia los privilegios que el Gobierno siga dándoles con la vana esperanza de calmar su furor independentista. En ambos casos, habrá para los catalanes más privilegios de los que ya tienen.
Todavía peor será si el PSOE llega al poder. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias creen que existe un conflicto entre Cataluña y el resto de España que el Gobierno de Rajoy no ha sabido afrontar y que es la causa de la actual crisis. Para ellos, la solución está en el reconocimiento de Cataluña como nación. Esto conlleva la plena soberanía del pueblo catalán para elegir libremente su destino. Pablo Iglesias está pensando precisamente en esto, que, por intolerable que sea, al menos es coherente. Pedro Sánchez en cambio no está pensando en soberanía, sino en privilegios, especialmente de naturaleza fiscal, aunque no concreta nada. Tiene el socialista el convencimiento, del que participan muchos españoles, de que algo así sería suficiente para apaciguar a los separatistas. Es un error porque ningún nacionalista ha sugerido estar dispuesto a negociar sobre esa base. Pero daría igual que fuera verdad. Ya está bien de privilegios. Mucho peor que una España rota de iure es una España quebrada de facto. Si, para mantenernos formalmente unidos, hay que ahorrar a Cataluña los inconvenientes de ser España a la vez que disfruta de los beneficios de pertenecer a ella mientras a los demás nos queda tan sólo agradecer que nos dejen pagar las facturas, es preferible dejar de estarlo.
En su momento, aceptamos organizarnos como Estado de las Autonomías, un monstruo que sólo genera despilfarro y corrupción sin ninguna ventaja práctica, con el exclusivo fin de que los catalanes pudieran sentirse cómodos dentro de España y fingir que todos somos iguales. Ahora resulta que ni siquiera con una autonomía cercana a la independencia están a gusto. Si de verdad quieren irse, que se vayan. Y si no, que se queden. Pero, en todo caso, ni un privilegio más.