Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, ha estado este jueves explicando su programa a los oyentes de Federico Jiménez Losantos. Buena parte del tiempo lo ha tenido que dedicar a explicar su propuesta de levantar a herencias superiores a los 700.000 euros la bonificación de la que hoy gozan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Ha justificado esta flagrante subida de impuestos con los manidos argumentos de la justicia social y la redistribución de la riqueza. También ha dicho que es un impuesto que afecta a personas que no son las que han generado la riqueza gravada. De ser esto lo definitivo, deberían gravarse todas las herencias y no sólo las superiores a 700.000 euros. Y finalmente ha apelado a que sería una medida que no afectaría al 99,9 por ciento de los madrileños. De modo que todos tranquilos, que la subida no va con nosotros, a menos que pertenezcamos a ese 0,1 por ciento que espera heredar más de 700.000 euros.
Esta forma de pensar, basada en que hay margen fiscal para esquilmar a los ricos por lo menos hasta que dejen de serlo, es común a todos nuestros políticos. Donde puede haber debate, de haberlo, es en qué se entiende por rico. No lo hay en que es lícito quedarse con su riqueza. Más allá de las ideologías, la idea parte de la absurda premisa de que la riqueza de una nación es la que es con independencia de cuál sea la política fiscal. Piensan los políticos que al tío que se mata para ganar ciento cincuenta mil euros al año le va a dar igual que le quites cincuenta o cien porque se va a seguir matando igual. No caen en la cuenta de que a lo mejor, si el socialista de turno se pasa rebañando, el sujeto deja de matarse a trabajar o se va a otro sitio donde le traten mejor.
Ese 0,1 por ciento al que a Ignacio Aguado no le importa esquilmar en el Impuesto de Sucesiones incluye a gente que, precisamente con la esperanza de poder dejar a sus hijos una empresa o un negocio del que vivir con cierta holgura, crean puestos de trabajo para otros que, gracias a él, podrán ahorrar un capital que dejar a sus hijos y que, por no llegar al mínimo fijado, no pagará Impuesto de Sucesiones. Pero ¿qué ocurrirá si ese empresario pierde la ilusión de dejar una empresa a sus hijos porque sabe que se va a quedar con buena parte de ella la Comunidad de Madrid, eventualmente presidida por Ignacio Aguado? Pues que se tumbará a la bartola o se irá a montarla a otro lugar y ya no se crearán los puestos de trabajo que de otra manera se habrían creado. Y así, una medida pensada para perjudicar sólo al 0,1 por ciento de la población, será igualmente perjudicial para 99,9 restante.
¿De dónde saldrá tanto socialista?