Luego de 13 años de un Gobierno socialista que ha dilapidado la riqueza nacional y que incluso ha provocado que haya escasez de gasolina en ese país tan rico en petróleo, uno esperaría que los candidatos opositores ofrecieran un giro de 180 grados con respecto a las políticas estatistas de Hugo Chávez. Desafortunadamente, no parece ser el caso.
Veamos por ejemplo al partido Primero Justicia, cuyo candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, está liderando las encuestas. Capriles no ha dicho mucho sobre qué modelo económico apoya. Sus declaraciones se limitan a generalidades como "A mí hay una sola cosa que me obsesiona, que Venezuela tenga progreso". Como gobernador del estado Miranda, a Capriles le gusta comparar su enfoque con el del expresidente brasileño Lula da Silva: políticas macroeconómicas responsables combinadas con robustos programas sociales.
La doctrina de Primero Justicia parece ser algo más específica en cuanto al papel que debe desempeñar el Estado en la sociedad. Afirma defender un Estado "social-humanista" que se encontraría "entre el Estado social burocrático, que presta los servicios sociales en forma monopolista e ineficiente, y el Estado neoliberal, que se asume mínimo y abdica de sus responsabilidades sociales". En cuanto al modelo económico que quiere promover, "se opone a la economía planificada socialista y a las formas económicas de tendencia liberal que convierten al mercado en un dogma". En otras palabras, Primero Justicia se ve a sí misma como una Tercera Vía entre el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y lo que afirma es el "dogma neoliberal".
A mi parecer, lo que Venezuela necesita es una ruptura absoluta con las fracasadas políticas estatistas del pasado, y no solo una versión light del socialismo. No obstante, un partido socialdemócrata moderno es definitivamente una mejor alternativa para el país que Hugo Chávez. Por desgracia, durante la campaña electoral las autoridades de Primero Justicia se han mostrado más interesadas en derrotar a Hugo Chávez prometiendo más asistencialismo y dádivas gubernamentales.
El diario El Universal publicó la semana pasada una declaración del coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, donde fustigó a Chávez por no invertir lo suficiente en programas sociales. Borges señaló que su partido utilizaría los ingresos petroleros para crear un fondo de seguridad social que otorgaría pensiones a "todos los venezolanos, sin importar que hayan tenido empleo formal o no", incluyendo a las amas de casa.
Cualquier observador de la historia moderna venezolana diría: "¡Otra vez!". Por muchas décadas, los políticos venezolanos, ya sea en el Gobierno o en la oposición, han visto el Estado (y particularmente los ingresos petroleros) como una fuente infinita de riqueza que simplemente necesita ser distribuida entre la ciudadanía. Como Borges dijera en otra declaración: "Cada familia tendría 1.600 millones de bolívares [unos 375.000 dólares] si se distribuyeran adecuadamente y con justicia los recursos del petróleo".
Henrique Capriles lanzó formalmente su candidatura presidencial la semana pasada. Los venezolanos tienen otras preocupaciones, aparte de las necesidades económicas, que desempeñarán un papel importante en las elecciones del año que viene, como el alarmante aumento de la criminalidad (Venezuela es el país más violento de Sudamérica) y la constante erosión de las libertades políticas y civiles. Sin embargo, Capriles está mal aconsejado si piensa que puede derrotar a Chávez jugando la carta populista de ofrecer más ayudas gubernamentales a la ciudadanía.
Los venezolanos se merecen una verdadera alternativa a Chávez. Se merecen un candidato que prometa el regreso a un Estado de Derecho democrático. Las elecciones de octubre de 2012 deberían ser algo más que la elección de un distribuidor en jefe en el Palacio de Miraflores.
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