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Modernización, con “M” de Monarquía, sin "M" de Mónaco

El compromiso del Príncipe de Asturias con la periodista Letizia Ortiz continúa siendo objeto de atención editorial en La Razón y El Mundo. La otra noticia que concita mayor atención en la prensa de este lunes es el derribo en Irak de un helicóptero en el que han fallecido 15 soldados estadounidenses.
 
El Mundo centra su atención en algunas de las reacciones que se han producido con el anuncio de la boda Real. Así, su editorialista destaca el comentario del presidente asturiano quien señaló que el hecho de que por primera vez la futura reina de España no sea de sangre azul es “un signo positivo de vitalidad y modernidad”. Aunque El Mundo destaca la positiva y entusiasta reacción de la clase política —con la excepción de Julio Anguita— a la noticia del futuro enlace, el editorialista nos informa que “hasta un 30% de los participantes de un sondeo realizado ayer por elmundo.es rechazaban la elección del Príncipe”. Esta cifra, aunque menor a la registrada cuando la candidata era la modelo noruega Eva Sannum (60%), “no resulta —como reconoce El Mundo— nada desdeñable si se tiene en cuenta las altísimas cotas de aceptación que tiene la Monarquía”.
 
Ciertamente, aunque el corporativismo periodístico y la corrección política de los editoriales y los dirigentes políticos no han provocado más que una catarata de entusiastas adhesiones, la opinión de la calle —por ahora— no ha recibido la noticia con esa total y entusiasta unanimidad. Tal y como muestran todos los sondeos publicados, hay una gruesa minoría —que oscila entre el 30 y el 40 por ciento de los encuestados— que recelan de la elección de esta periodista divorciada como futura Reina de España.
 
Evidentemente, tanto unas como otras opiniones, se mueven en el inexorable terreno del prejuicio. Porque, ciertamente, no otra cosa, sino prejuzgar, hace quien considera que Letizia Ortiz no puede —o sí— llegar a ser tan buena Reina de España como ha demostrado serlo Sofía de Grecia. No obstante, parece que hay ciertos prejuicios que son admisibles y gozan de buena prensa, mientras otros —que ni siquiera son publicados— son arrojados al abismo de lo políticamente incorrecto.
 
Así, por ejemplo, el lógicamente satisfecho presidente asturiano nos dice que el que Letizia Ortiz no sea de “sangre azul”, lejos de ser un obstáculo, “es un signo positivo de vitalidad y de modernidad”. Algo muy parecido se ha dicho de su condición de divorciada, circunstancia —nos recordaba ayer El Mundo— “al fin y al cabo por casi un millón de españoles ha pasado por una peripecia similar”.
 
Aunque lógicamente no pensemos que la monarquía española debería continuar imposibilitando los matrimonios morganáticos, tampoco nos parece lógico que ahora el péndulo nos los muestre como los únicos que pueden ser calificados como “positivos” y aportar “vitalidad y modernidad”. Si es positivo que la futura esposa del Príncipe no tenga sangre real, ¿por qué lo es —hasta el punto de ser obligado— que la tenga el futuro Jefe del Estado?
 
Algo parecido podríamos decir de su condición de divorciada. Una cosa es que lo consideremos un obstáculo insalvable y otra, muy distinta, una circunstancia absolutamente irrelevante. El Mundo y otros diarios le han quitado importancia señalando que “podrán casarse por la Iglesia, ya que el vínculo civil no es impedimento para contraer un nuevo matrimonio religioso”. En esto, los periodistas se mueven en un burdo concepto de la “democratización de la monarquía” mucho más hipócrita e inconsistente que el que tienen los más conservadores y tradicionalistas partidarios de la monarquía.
 
¿Nos quiere decir ahora El Mundo —tan torpe como entusiasta desmitificador de la Monarquía— que el Príncipe sí tiene la obligación de casarse por la Iglesia? ¿No podría, en una “peripecia similar a tantos españoles”, casarse por lo civil —como ya hizo su futura esposa— o convivir con ella sin vínculo matrimonial alguno? ¿Hasta donde queremos llegar a la hora de acabar con las discriminaciones que padece —pero también goza— el Príncipe de Asturias?
 
La Constitución niega las discriminaciones por razones de nacimiento, género, orientación sexual, creencias religiosas. ¿Hasta donde queremos igualar los derechos del Príncipe con respecto al resto de los ciudadanos?
 
La democratización de la Monarquía pasa únicamente por limitar sus poderes a los estrictamente representativos que tiene un Rey en una monarquía constitucional. Plantear no como una posibilidad sino como una exigencia el llevar la lógica democrática más allá de este punto no es más que querer hacer un hipócrita doble juego, aceptar una vía, pero sólo a medio camino, pues de mantenerse y de ser coherente con ella pulverizaría una institución que se basa consustancialmente en la discriminación y en el mito.
 
El Príncipe, por supuesto, tiene derecho a casarse por amor, pero también tiene el deber de no buscarlo en cualquier sitio. La libertad de casarnos con quien “nos de la gana”, la tenemos los ciudadanos, quienes, por supuesto, tenemos y debemos conservar más derechos que los que tiene un Príncipe al que le pagamos el sueldo, quien tiene privilegios de los que nosotros carecemos y que nos representará algún día única y exclusivamente por razón de su nacimiento.
 
El Príncipe está obligado a que su elección tenga el visto bueno del Rey y del Parlamento, luego dejémonos de gaitas demagógicas y señalemos clara y abiertamente que el Príncipe, por supuesto —y por su puesto— no puede tener y, de hecho, no tiene, la misma “libertad de elección” de la que gozamos el resto de los españoles. La monarquía es una cosa, la jet-set a cargo de los presupuestos, todavía otra. No es lo mismo que un simple ciudadano airee las intimidades de su anterior matrimonio a que lo haga un ex de la Princesa de Asturias o de la Reina de España.
 
Leticia Ortiz puede ser una magnífica Reina, pero, si nos centramos en su innegable éxito y en la calidad de su trabajo como periodista, ¿no podemos ni siquiera tratar como un handicap —aunque sea superable— el que haya fracasado anteriormente en lo que sería una tragedia para España que volviera a hacerlo? Parecería que los españoles estamos obligados a celebrar su condición de divorciada como reflejo de "apertura a la sociedad" o como "sintoma de modernización".  
 
El objetivo de nuestra crítica —entiéndasenos bien— no es tanto cuestionar la idoneidad de Leticia Ortiz como futura Reina como cuestionar algunos de los demagógicos argumentos elegidos por la prensa para negarse a hacerlo. Lo que queremos denunciar es lo que de falso e inconsciente tiene ese igualitarismo aplicado a la Monarquía.. Podemos esperar lo mejor de Leticia Ortiz como futura Reina, pero podemos y debemos partir de la conciencia, tanto de los valores como de los riesgos que conlleva esa elección. Porque los mismos que ahora tan pródigamente -y con igual prejuicio- celebran la elección, serán los mismos que airearán y no dejaran pasar una al menor fallo; mientras que los que ahora guardan silencio, se mantendrán lealmente callados.
 
En España hay muchos Juancarlistas pero pocos monárquicos. El Mundo decía ayer que “la propia elección de Felipe contribuye a desmitificar la monarquía y convertirla en una institución más evaluable en función de su eficacia que de ningún misterioso principio de legitimidad a través de la sangre”.
 
La frasecita, desde luego, se las tiene. No sólo hay en ella una declarada y suicida voluntad de desmitificar la monarquía, sino que se niega quizá su más radical y consustancial principio como es, precisamente, “la transmisión de la legitimidad a través de la sangre”. El Mundo habla de "evaluar" la eficacia del monarca como el que habla de la gestión de un presidente de la República. Con la “pequeña” diferencia que entraña el hecho de que mientras el cambio de presidente “cuando no se evalúa su eficacia” es consustancial a la república, la destitución del monarca “ineficaz” conllevaría una traumática crisis de Estado.
 
La discriminación “por razón de genero”
 
La Razón no se queda atrás en inconsciencia y demagogia. Si ayer Ansón celebraba que “la buena nueva se ha anunciado, justo en estos días del otoño, con las buganvillas pálidas, como decía el poeta, las jacarandas a punto de desnudarse, el azahar lejano”, hoy su editorialista nos brinda un no menor marchito comentario sobre la urgencia de acabar “con la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona”.
 
Esta demagógica exigencia de supresión de una de las muchas discriminaciones en las que se sustenta y se basa la sucesión a la Corona la planteó ya originalmente aquel diario hace tiempo, aunque, desde entonces, se han sumado a ella el resto de los diarios, quizá con la excepción del monárquico ABC. Aunque la consideremos demagógica, debemos señalar que esta exigencia, lejos de responder a un clamor social de la calle, es la típica cantinela políticamente correcta de las élites políticas y mediáticas con la que don Luis Maria Ansón, más que tratar de consolidar la monarquía, parecería que lo que busca es cambiar el orden de sucesión de los titulos de la nobleza que por sentencia dictada en 1997 por el Tribunal Constitucional justificó el trato discriminatorio dado a la mujer.
 
Sus razones tendrá..., pero no se entiende que un periodista tan consciente de la legitimidad histórica de nuestra monarquía como don Luis María quiera acabar con un procedimiento que, además ser fiel al derecho histórico, tiene respaldo expreso en nuestra Carta Magna. Y lo curioso es que pretende que la reforma de la Constitución se produzca ahora, pero que entre en vigor después de que el Príncipe de Asturias se convierta en Felipe VI. Vamos que Don Luis María no quiere que haya “discriminación por razón de genero” para los futuros hijos de Don Felipe, pero sí para los de Don Juan Carlos....
 
Lo que ya es el colmo del dramatismo surrealista es leer que acabar con “la discriminación por razones de género” en el orden sucesorio “lo exige” nada menos que “el respeto a los derechos humanos”. Para La Razón nada hay que objetar a que sólo la descendencia de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón tenga el privilegio de ocupar la Jefatura del Estado, tampoco es discriminatorio que Don Felipe esté favorecido frente a sus hermanas, como tampoco habría nada que objetar a que, dentro de la prole de Don Felipe, en el futuro se discrimine positivamente al primogénito respecto de sus otros hermanos. Lo que resulta para La Razón intolerable es la discriminación que conlleva dar preferencia al varón sobre la mujer...
 
No una, sino una catarata de discriminaciones son necesarias —tal y como la Constitución establece— para poder designar entre millones de españoles a uno sólo de ellos como heredero al Trono.
 
¿Es que las razones de nacimiento y cuna no son discriminatorias? ¿A qué se debe el fijarse sólo en la discriminación de género?¿Es que no lo es favorecer al primogénito respecto al segundón? ¿Es que no es discriminatorio que la cónyuge del Rey sea Reina consorte, pero el marido de la Reina no sea Rey consorte, sino su cónyuge?
 
Sería interesante, por otra parte, saber qué opinaría el diario de Ansón respecto al apellido que deberían ostentar los hijos de una futura Princesa de Asturias que lo fuera por razón de nacimiento. ¿La dinastía reinante de los Borbones pasaría a llamarse López o Smith o el apellido de quien se casara con la futura Reina? ¿No sería “discriminatorio” respecto al padre forzar a los hijos a llevar el apellido de la madre?
 

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