Dice Felipe González que los separatistas catalanes "no conseguirán, rompiendo la legalidad, sentar a una mesa de negociación a nadie que tenga el deber de respetarla y hacerla cumplir". Bueno, teniendo presente que los Gobiernos de España han negociado hasta con la ETA, podemos pensar que a los gobernantes nacionalistas les bastaría hacer público un propósito de enmienda respecto de sus ilegales pretensiones secesionistas para que les llovieran privilegiadas ofertas de negociación.
De hecho, Artur Mas no ha tenido siquiera necesidad de bajarse del monte secesionista para comprobarlo: tras contemplar que la vista gorda ante los incumplimientos de la Generalidad respecto de los topes de déficit o las sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística, por no hablar de una financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica, no eran suficientes para calmar lo que meses antes había calificado de simple "algarabía", Rajoy ofreció en enero de 2013 a los gobernantes separatistas, a través del PP catalán, un pacto fiscal con Hacienda propia.
Aquel "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña" propuesto por el PP incluía un nuevo incremento de los impuestos cedidos y una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales, y hablaba en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refería a las fórmulas de colaboración entre la llamada "Agencia Tributaria de Cataluña" y la "Agencia Estatal de la Administración Tributaria". Que a la postre tampoco esta oferta fuera bastante para que Mas se bajara del monte sólo demuestra, una vez más, que Julián Marías llevaba razón al advertir: "No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar".
Por otra parte, ¿cómo va a negociar el Gobierno de Mas su acatamiento de la legalidad si previamente no la vulnera o desafía? La cuestión es que, en una auténtica democracia y en un auténtico Estado de Derecho, ningún desafío o vulneración de la legalidad se salda con "diálogo" o con "reformas pactadas".
Sigo pensando que un tipo como Artur Mas no se hubiera atrevido jamás con Felipe González a tanto como se ha atrevido con un Rajoy con mayoría absoluta. Sin embargo, en su artículo el expresidente socialista se muestra tan claudicante como el actual, al mostrar su disposición a "unas reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales". ¿De cuándo acá los "hechos diferenciales" han de tener rango de ley? Una cosa es el derecho a la diversidad, cuyo titular es el individuo, y que la Constitución ya garantiza, y otra cosa es la diversidad de derechos en función del ámbito territorial.
Aquí el único hecho diferencial a tener en consideración, pero para erradicarlo de una vez, es el que ha otorgado y sigue otorgando impunidad a los gobernantes nacionalistas para saltarse la ley a la torera. Está visto que, por mucho que violen su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley, los nacionalistas no tienen nada que perder con gobernantes como Rajoy o como González. Lo más que pueden temer es que el presidente del Gobierno, con el respaldo del principal partido de la oposición, se siente a negociar un cambio "asumible y moderado" de nuestro ordenamiento jurídico.
Si esta es la pena por su delito, ¿cómo van a tener los gobernantes nacionalistas miedo a colocarse al margen de la ley?