Poco importa que los golpistas hayan cumplido fielmente aquel compromiso verbal adquirido por Mas en 2012 de no cumplir una sola de las numerosas sentencias como las que nuestro Alto Tribunal ha emitido desde entonces estérilmente contra lo que Alfonso Guerra llamó hace unos años "golpe de Estado a cámara lenta". Poco importa también que en Cataluña siga imperando aquella ilegal y silenciada resolución parlamentaria de finales de 2015, no menos estérilmente anulada por el TC, que afirmaba, ya negro sobre blanco, que "el Parlamento de Cataluña y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional". Está visto que el PP y Ciudadanos no se hartan de que la Generalidad de Cataluña utilice las sentencias del Tribunal Constitucional en sustitución del papel higiénico.
Buena y reciente prueba de ello es que ambas formaciones acaban de recurrir los presupuestos de la administración autonómica, aprobados por sus golpistas mandatarios en marzo de este año, al apreciar la clamorosa ilegalidad que, ciertamente, constituye el hecho de que cuenten con una partida expresa de 5,8 millones de euros para organizar la nueva y no menos ilegal consulta secesionista de este año.
Convendría recordar, sin embargo, que la sediciosa Administración regional catalana ya aprobó en sus presupuestos de 2014 una partida para la ilegal consulta del 9-N de 10 millones de euros, que posteriormente el Gobierno regional aumentaría hasta los 13 porque, según dijo Joana Ortega, aquella partida presupuestaria era "ampliable". Ignoro, sin embargo, por qué el tribunal que posteriormente protagonizó el simulacro de juicio contra el 9-N redujo el coste monetario de aquel delito de desobediencia a los 4, 9 millones de euros; pero no hay que olvidar los denodados y exitosos esfuerzos de la Fscalía, tras la dimisión de Torres-Dulce, en no querer ver en el 9-N –al igual que el Gobierno de Rajoy– delito alguno que, como ocurre con la malversación, supusiera para sus autores pena de cárcel.
El hecho es que ni PP ni Ciudadanos recurrieron entonces ante el TC aquella partida de los presupuestos que la Generalidad dedicaba a aquella consulta que ni Rajoy ni Rivera consideraban que se iba a celebrar. Y aunque ahora lo hagan, de poco servirá que el TC emita una nueva sentencia contra el procés si los golpistas se mantienen fieles a lo que son y le hacen el mismo caso omiso que las anteriores.
Precisamente para anticiparse a la comisión del delito o para remediar la absoluta esterilidad que sufren las resoluciones judiciales cuando los mandatarios regionales "no se supeditan", de palabra y acreditada obra, a las mismas, es por lo que en nuestra Constitución figura el artículo 155, que permitiría la suspensión total o parcial de la administración regional en rebeldía.
La hipocresía del PP y de Ciudadanos, sin embargo, no anida únicamente en el hecho de que no se atrevan siquiera a mentar ese artículo de la Constitución. Radica, sobre todo, en el hecho de que tampoco se atrevan a estas alturas a negar a los golpistas la financiación extraordinaria a cargo del FLA mientras estos siguen destinando parte de sus presupuestos a un proceso de secesión, todo él radicalmente ilegal, y cuyo coste para los contribuyentes va mucho más allá de lo que acarrea consultar a los catalanes la voladura de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.
Pero, en fin, a este espectáculo estamos condenados mientras los secesionistas se salten la ley y los que no lo son sólo finjan que la hacen cumplir.