Se ha dicho con razón que, a día de hoy, la ilegal consulta de 1 de octubre tiene más visos de no celebrarse por las dudas y falta de entusiasmo que suscita entre los propios partidarios del mal llamado derecho a decir que por el efecto disuasorio que haya podido causar en ellos las medidas que el Gobierno de Rajoy piensa tomar para impedirla, y de las que todavía no ha informado.
Buena y nueva muestra de ello nos la acaban de procurar tanto las declaraciones de este lunes de Puigdemont, en las que se mantiene firme en perpetrar el delito, cuanto menos, de desobediencia que conlleva la consulta, como las de su consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, en las que revela la división en el seno del Ejecutivo autonómico en rebeldía por las dudas que genera este nuevo desafío al Estado de Derecho por el hecho de que vaya a carecer, lógicamente, de cualquier reconocimiento jurídico.
Respecto a las declaraciones del primero, no es de extrañar que Puigdemont muestre su determinación a la hora de volver a saltarse la ley a la torera o que adelante que no aceptará ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional: la pena de inhabilitación, a diferencia del artículo 155 de la Constitución, no es una medida aplicable para impedir la comisión de un delito sino para castigarlo, y hasta la fecha la única inhabilitación que se ha dictado ha sido la de alguien como Artur Mas, previamente inhabilitado políticamente por sus socios de gobierno, y al que se absolvió bochornosamente de las penas de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ante una injusta sentencia como la del 9-N, que ni castiga ni disuade, no es de extrañar que Puigdemont saque pecho; más aun cuando el golpista ha suscrito el compromiso de hacer caso omiso al ordenamiento jurídico español, "especialmente las resoluciones del Tribunal Constitucional".
En cuanto a las declaraciones del Jordi Baiget, que tan cándido e injustificado entusiasmo han suscitado entre la prensa madrileña, debe quedar claro que el consejero catalán no pone en duda que se vaya a perpetrar otro 9-N, sino que el 1 de octubre vaya a ser cosa distinta que aquel ilegal "proceso participativo" del 2014 que "careció de censo y de validez jurídica". "Lo único que hará que el 1 de octubre no sea un 9-N", afirma Baiget, "es que, en vez de dos millones, vayan cuatro millones a votar".
Es evidente, en cualquier caso, que la llamada Ley de Referéndum que este martes hará pública Puigdemont no es otra cosa que parte de los preparativos del delito que los golpistas que rigen la Generalidad pretenden perpetrar en octubre: un nuevo y gravísimo delito de desobediencia y malversación de fondos públicos, con absoluta independencia de que se le llame "referéndum", "consulta" o "proceso participativo", o que sea perpetrado con o sin censo, con urnas de cartón o de metacrilato, con mucho o –como es más probable– escaso respaldo ciudadano. Porque lo que está en juego no es el reconocimiento en Cataluña de una república independiente sino la devolución de esa parte de España al seno de nuestro Estado de Derecho.