Las reacciones que se han producido en el seno del partido socialista respecto de la cuasi frustrada detención el pasado miércoles de los ocho miembros del grupo de coordinación y enlace entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión van desde la simple estupidez al más nauseabundo terreno de la infamia. Entre estas últimas cabe situar la reacción de los representantes socialistas en el Ayuntamiento de San Sebastián, que aprobaron el pasado jueves, junto al PNV y los proetarras de Bildu, una resolución en la que se condenaba la actuación policial ordenada por el juez Eloy Velasco por ser "un obstáculo en el contexto político que vive nuestro país, así como sobre la esperanza extendida de que se afiance el proceso de construcción de la paz y la convivencia democrática".
Otro tanto se podría decir de la declaración de este lunes del secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, por mucho que haya querido atemperarla con una petición de "inteligencia, mesura y responsabilidad" al Gobierno vasco y al PNV: y es que, tras calificar de "despropósito" las detenciones efectuadas, Ares ha reclamado al Gobierno de Rajoy que actúe con "inteligencia y visión de Estado", ya que, a su parecer, "con sus últimas actuaciones está permitiendo al mundo de EH Bildu rentabilizar el final de ETA".
Menos graves, pero más bobas, me parecen, finalmente, las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha hecho una advertencia, que "no va dirigida a nadie", contra los "errores" que, según ella, suponen "cuestionar la derrota de ETA" y “fracturar la unidad de los demócratas”.
Para empezar, no existe el riesgo de que ninguna encomiable unidad entre demócratas se fracture, puesto que esta no existe ni siquiera en el seno del partido socialista –no digamos ya nada entre el PNV y el PP– en torno a las últimas detenciones de etarras. La única "unidad" que se da entre nuestra clase política, y que desgraciadamente no es poca, es la de no considerar un "despropósito" el que, desde el Ministerio del Interior, se anuncie una operación policial antes de haberse producido lo que ha permitido a los detenidos destruir pruebas cuyo alcance aún no se ha hecho público. Una metedura de pata de este calibre en cualquier otro país seriamente comprometido, no con un envilecido y tramposo proceso de apaciguamiento, sino con una auténtica lucha antiterrorista, le habría costado el cargo al ministro del Interior. Aquí, sin embargo, ni se piden ni se dan explicaciones.
Otro tanto se podría decir de esa envilecida y engañosa unidad que, lejos de cuestionar la "derrota" de una banda terrorista, se la inventa en función –una vez más– de lo que nos anunciaron unos terroristas encapuchados en un comunicado, que era, dicho sea de paso, cualquier cosa menos la asunción de una derrota.
El auténtico despropósito es no haber impedido, con todos los medios legales y políticos a nuestro alcance, una resolución como la que dictó el Tribunal de Estrasburgo a favor de la etarra Inés del Río, para luego, encima, utilizarla de excusa para llevar a cabo excarcelaciones masivas de etarras sobre los que dicho tribunal no se había pronunciado. Mayor despropósito aún es calificar esas masivas excarcelaciones como prueba de la "derrota" de la banda, tal y como nos quiere vender esa despreciable y tramposa "unidad de los demócratas".
En definitiva, quien está haciendo un "regalo" a Bildu permitiéndole que "rentabilice el final de ETA", no es un juez ordenando unas detenciones en cumplimiento del imperio de la ley, tal y como afirma Rodolfo Ares, sino una clase política que da por valido e irreversible ese supuesto final de la organización terrorista y que lo utiliza de excusa para dejar en papel mojado la Ley de Partidos en beneficio de los brazos políticos de la banda.