El Centre d'Estudis d'Opinió, órgano de la Generalidad encargado de hacer encuestas, prepara un sorprendente sondeo en el que, entre otras cosas, preguntará a los catalanes "hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes y las normas". Las más de 1.900 personas que deberán responder la encuesta deberán valorar del 1 al 7 si consideran "nada importante" obedecerlas siempre o si les parece "muy importante" .
Ignoro –claro está– cuál será el resultado de semejante sondeo; pero den por seguro que, sea cual sea, los sediciosos gobernantes nacionalistas arrimaran el ascua a su sardina. Así, si los encuestados conceden nula o poca importancia al cumplimiento de las leyes, los separatistas deducirán que es innegable que los catalanes dan prioridad a las urnas y al derecho a decidir frente al entramado jurídico español, que imposibilita la auténtica democracia. Si, por el contrario, los encuestados conceden mucha importancia al respeto a las leyes, los gobernantes separatistas verán en ello un respaldo a las advertencias que Lluís Llach y el propio Gobierno catalán han hecho a los funcionarios que no cumplan las leyes de desconexión y de transitoriedad jurídica que aprobará el Parlamento autonómico en escasos meses.
Ya lo decía no sé si Benjamin Disraelí o Mark Twain: "Hay tres tipos de mentiras: simples mentiras, grandes mentiras y estadísticas". Y está claro que los nacionalistas no van a desdeñar ninguna de las tres en aras de su ilegal proceso de construcción nacional.
Claro que el panorama que ofrece el supuesto bando constitucionalista no es mucho mejor que digamos: si el Gobierno de Rajoy ya se cubrió de gloria al hacernos creer tras el 9-N que la ley se había respetado en Cataluña y que el ilegal referéndum que dijo que no se iba a celebrar no se había celebrado –recuérdese que Mas quiso llevar al juicio al presidente como testigo de su defensa–, ahora en el Ejecutivo del PP ni se atreven a salir a la palestra para dar respaldo a los funcionarios amenazados por los golpistas. Y eso que, personalmente, hubiera considerado dicho respaldo por parte del Gobierno de Rajoy a los funcionarios catalanes un monumental acto de hipocresía, porque hipocresía es no atreverse a suspender una Administración regional en rebeldía, dejarla al mando de unos sediciosos y luego pedir a sus subordinados que se atrevan a desobedecerlos.
Pero, en fin, está visto que entre mentiras y mentirosos anda el juego, aunque eso no lo vaya a reflejar ninguna estadística.