Como cada año por estas fechas, leemos, vemos y escuchamos contenidos especiales para conmemorar el aniversario de la Constitución Española. No nos engañemos, es como intentar celebrar el 4 de julio en Corea del Norte con Nicolás Maduro como maestro de ceremonias.
Aunque las Cortes están constituidas, de momento no hay posibilidad de Gobierno y el partido que ya lo está intentando, antes de que el Rey se lo proponga, necesita el visto bueno de otro, ERC, que no acudirá a la ronda de consultas en la Zarzuela. Tampoco lo hará Bildu. Será un protocolo, pero el no observarlo es ya un gesto –reiterado- de lo que opina Sánchez del sistema y de la monarquía. Entre las formas que el PSOE baraja para obtener el visto bueno de ERC está la de ofrecerles un "cauce de expresión" para que, según dicen, no se vean obligados a delinquir, que queda feo. Es complicado, pero tal cual lo explicó José Luis Ábalos, secretario de organización socialista:
Tenemos que buscar un cauce de expresión para que no sea necesario que nadie tenga que recurrir a vulnerar el ordenamiento jurídico.
Lo cierto es que Ábalos dice "nadie" y quizá esa indeterminación incluya a su propio partido porque no veo forma posible de negociar prebendas con golpistas que estén contempladas dentro del ordenamiento jurídico. Así que el PSOE empieza a contemplar el delito a sabiendas.
Según Pedro Sánchez, todo se hará dentro de la ley y en el marco de la Constitución. ¿A alguien se le ocurre qué se puede hacer en el marco de la Constitución con un partido independentista cuyo líder está en prisión por dar un golpe de Estado?
Laura Borràs, diputada imputada, ya ha dicho que ahí dentro se habla absolutamente de todo, sin tapujos, porque el cauce de expresión, ese que dicen que van a abrir, debe ser como el del Nilo. ¿Referéndum?, ¿autodeterminación? Pues claro. Todo cabe en el gran cauce cuya fuente original es un golpe de Estado a la Democracia perpetrado por la Generalidad de Cataluña. Teniendo ese punto de partida, todo lo demás parece posible, hasta legal.
ERC sabe que la única forma de llegar legalmente a sus pretensiones es la reforma constitucional. He ahí el único cauce posible. En su caso, al aspirar a la práctica extinción del texto, la propuesta requeriría una mayoría parlamentaria agravada, lo que supone tantos pasos como los que se dieron cuando se aprobó la propia Constitución: dos tercios de las dos cámaras para aprobar el principio, disolución inmediata de las Cortes, aprobación del nuevo texto por dos tercios de las nuevas cámaras y ratificación en referéndum. Un reto imposible de cumplir para ERC y otros partidos que no reconocen la Constitución. Por esa razón no hay un "conflicto político" sino simple rebelión de una parte contra el orden legal. Por eso queman ejemplares del texto, tal es su propuesta de reforma.
En España no hay mayoría absoluta disponible (176 diputados) para formar un gobierno de un sólo color y cuesta horrores encontrar una mayoría simple (más síes que noes entre los presentes) para conseguirlo en segunda vuelta de investidura. Ya hemos cómo el PSOE nos quiere hacer creer que no tiene más remedio que visitar el Averno, como si fuera un sacrificio gobernar con los que le llevaron a hacerlo con una moción de censura. Y también hemos asistido a las excusas del centro derecha para no obligarle a confesar que, en realidad, lo prefiere. De ahí no salimos, según parece.
¿Piensan los que se dicen constitucionalistas que un gobierno con Podemos avalado por ERC y Bildu es compatible con la propia Constitución? ¿Quiénes son, desde esa perspectiva, constitucionalistas?
Si los que presumen de ello quisieran reforzar y proteger nuestro sistema de partidos como ERC, que es golpista, o Bildu, que es la piel de ETA, saben cuál es la vía. Está en el Título X de la hipócritamente celebradísima Constitución, que permite su reforma. El artículo 167 de dicho Título dice así:
- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
- De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
La mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras –210 diputados y 159 senadores– se quedaría al borde en el Congreso con la suma de PSOE (120) y PP (89), resultando en 209 diputados –no sería difícil sumar un diputado más, de hecho sobrarían– y superaría el corte en el Senado con la suma PSOE (92) y PP (84), resultando en 176 senadores.
La mayoría absoluta del Senado, condición indispensable para ir a los dos tercios del Congreso que se contemplan en el supuesto del punto 2 tendría también la suma de PSOE y PP. Conseguida, los dos tercios del Congreso suponen 233 diputados, lo que implicaría un acuerdo de PSOE, PP y Vox (261). Lógicamente, se sumaría Ciudadanos aunque sus diputados no serían necesarios pero tampoco suficientes sin el concurso de Vox. Es aquí cuando algunos se echan a reír cuando la cosa es para llorar: ¡El PSOE pactando con Vox! (risas)… ¿Mejor con golpistas y ETA? (amargo llanto) ¿Quiénes son entonces constitucionalistas?
Con estas sumas, la Constitución contempla muchas reformas, entre otras, la de su Título VIII, que recoge gran parte de los complejos derivados de precauciones lógicas de la Transición que ya deberían haberse resuelto hace muchos años. Pero no pidamos al legislador moderno riesgo alguno, habilidad administrativa suficiente o sentido de la responsabilidad histórica porque no la tiene. ¿Quiénes son, insisto, los constitucionalistas?
Cuatro décadas después, nuestros políticos están muy por debajo de la talla que dieron los gestores de la Transición. Si no fuera así, se sentirían capaces de enmendar los errores de aquellos o, más bien, de completar su proyecto: la salida a cuarenta años de dictadura, con una crisis económica galopante y ETA y los GRAPO matando sin parar. Entre los años 1975 y 1978, con especial brillo en 1976, se hizo una democracia representativa avalada por una Constitución partiendo de los propios cimientos del franquismo. Tras Franco no hubo continuismo ni ruptura sino reforma construida sobre una monarquía que fue vital para el proceso. Y supuso muchas renuncias en todas partes. Pero mereció la pena. Ningún otro país ha conseguido algo así.
Sin embargo, la propia Transición es hoy el edificio a derribar y ya parece que estuviéramos emprendiendo el viaje inverso, necesario para la demolición. Más partidos que nunca con más censura que ayer, heridas abiertas que habían cicatrizado y un republicanismo irresponsable que había aparcado hasta el PCE. Falta justificar el "atentado personal" en Cortes.
Dice Anabel Díaz en El País que "los partidos han aparcado la reforma de la Constitución para defenderla frente a Vox". ¿Los partidos? ¿Cuáles? Basta leer las primeras líneas de su supuesta noticia:
Los postulados rupturistas de Vox han alejado el debate sobre cualquier reforma de la Constitución y centrado el discurso de los principales partidos en su defensa y protección.
Me permito citar un párrafo más para que cada cual llegue a su propia conclusión:
Cuando hoy [por el 6 de diciembre] se reúnan los líderes políticos para celebrar este 41º cumpleaños de la Constitución, se escuchará del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos una defensa a ultranza del espíritu y la letra de la Ley Fundamental. También Ciudadanos e incluso Unidas Podemos creen que la presencia de los 52 diputados de Vox y su discurso contra aspectos fundamentales de la ley de leyes truncan cualquier posible debate sobre la reforma constitucional. Por otro lado, están los grupos independentistas, que no la consideran como algo propio.
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez defendiendo "a ultranza" la Constitución… y luego los otros, cuestión menor, que no la consideran propia y, según parece, están en su derecho y no representan una amenaza como la que nos acecha con Vox. Quizá por eso merecen ese "cauce de expresión" que nos aleje a todos del delito. Pues poco más cabe deducir sin perder el decoro.
¿Alguien duda de que ninguno de los cuatro partidos mencionados –no incluí a Podemos porque dejaron claro que querían derribar el "régimen del 78" aunque algunos pretendan que lo olvidemos- quiere abordar reforma alguna cediendo posturas fundacionales para lograr arrinconar a los separatistas con un refuerzo de la Ley suprema? El mero hecho de plantear algo parecido supondría empezar a hacer política a la altura de los tiempos y salir de la eterna y peligrosa campaña electoral en la que nos han sumergido. No quieren, no. Pero el PP debería intentarlo; Vox, comprenderlo y Ciudadanos apoyarlo. Dejaré para otro día el sueño de un PSOE que ponga en práctica lo que algunos de sus miembros dicen defender en privado.
La realidad nacional ha cambiado y ya no nos sirve la mera política administrativa bajo apariencia de normalidad. La normalidad se agotó. Pero los ¿constitucionalistas? siguen perdidos en las anécdotas, en las miserias diarias, en alcanzar la aritmética hipotecaria, sin responsabilidad alguna de Estado. Sin futuro por no atender debidamente al pasado. Sin gobierno porque hay que convencer a los que queman la Carta Magna para formarlo. Pero celebrando no sé qué ni por qué en el día que cumple años.