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Javier Somalo

¿Mató Martín Villa a Nisman?

Mucha izquierda perdió el paso en la Transición porque la dejaron sin esa revolución post mortem y carente de riesgo que tanto ansiaba.

Javier Somalo
Mucha izquierda perdió el paso en la Transición porque la dejaron sin esa revolución post mortem y carente de riesgo que tanto ansiaba.
Santiago Carrillo y Rodolfo Martín Villa. | Cordon Press

María Romilda Servini de Cubría, La Chuchi para los más cercanos, la jueza Barú Budú Budía para aquellos que no pueden pronunciar su nombre sin que les parte un rayo, busca y encuentra un minuto de gloria entre la clase política y periodística española. El asunto es sencillo y tiene ya mucho público abonado: la Transición española que, lejos de ser un logro, fue en delito de lesa humanidad.

El propio Rodolfo Martín Villa, sobre el que no pesaba requisito legal alguno para comparecer, ha contribuido al vuelo de la juez argentina, dos años más joven que él, para defender su honor y el de la compleja época de marras que ya se desdibuja a marchas forzadas en favor de una memoria sintética más del gusto de la nueva normalidad. Si el empeño de Martín Villa pretendía honrar una época de sacrificios, sin duda ha sido en vano. Ningún político en activo, por mucho que se declare heredero del milagro de la Transición, recogerá ya ese testigo.

La juez Servini detectó hace tiempo un plan "sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno" a través de la "eliminación física de sus más representativos exponentes" llevado a cabo "por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".

¿Qué militares alzados? ¿Qué insurrección? No está hablando Servini del 23-F sino de ¡julio de 1936!, de la guerra civil española que, como rezan casi todos los libros de texto, empezó por capricho de Franco un soleado día cualquiera de julio rompiendo la paz reinante de la modélica II República que, sin embargo, apenas se estudia en los colegios, con lo que darían de sí aquellos años.

Tamaña empresa persecutoria, según la juez, se fraguó desde el inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Y la cosa fue a parar a Rodolfo Martín Villa, que, por lo visto, estaba empeñado en seguir con el franquismo, como Adolfo Suárez, como Juan Carlos I y suponemos que hasta como Santiago Carrillo, al que la Memoria Oficial y la prensa perdonan Paracuellos pero jamás la reconciliación.

¿Quiénes eran, según Servini, esos "más representativos exponentes" de la forma representativa de gobierno sometidos a una "eliminación física"? ¿Quizá el propio Santiago Carrillo, con quien se reunió Adolfo Suárez en secreto en febrero de 1977 en casa de José Mario Armero semanas antes de legalizar el PCE en contra de toda la cúpula militar y buena parte del aparato administrativo de entonces? Aunque la juez Servini lleva su causa hasta los "militares alzados" del 36, año de su propio nacimiento, centra los hechos contra Martín Villa entre los años 1976 y 1978 para justificar "genocidio" y "delitos de lesa humanidad" por la muerte de cinco personas en un desalojo policial durante una huelga en Vitoria, por el asesinato de un joven en Madrid tras una marcha pro-amnistía y por un muerto durante un operativo policial en la plaza de toros de Pamplona en las fiestas de San Fermín. Ni lo ha negado ni lo ha aprobado el "acusado", que no lo es, en su declaración voluntaria ante la juez argentina.

Aunque la Transición tiene fama de incruenta porque evitó un nuevo enfrentamiento fratricida es evidente que no fue un camino de rosas y, por mucho que el tardofranquismo tuviera pretensión de su clausura definitiva, las inercias represivas no se detuvieron de inmediato ni tampoco necesitaron órdenes firmadas de un ministro para según qué actuaciones. El propio Martín Villa ha tratado de explicarlo en vano, como era lógico. No, la Transición no fue incruenta y quizá hay que insistir en ello.

Entre 1976 y 1978, ETA asesinó a 94 personas: 18 en 1976, 12 en 1977 y 64 en 1978. En ese 1976 que la juez Servini pone de referencia para su propia causa general, además de los 18 muertos de la ETA, los GRAPO —88 asesinatos, la mayoría en la Transición— secuestraron al Presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo y poco más tarde al teniente general Emilio Villaescusa, que fueron rescatados por la Policía. El año siguiente, el 77, la banda asesinó a otras nueve personas y dos años después, ya en 1979, a otras 31. Pero el "genocidio" estaba en el régimen de la Transición, bajo la responsabilidad de Rodolfo Martín Villa y de otros que querían, según la juez argentina —avalada hoy por el Gobierno Sánchez-Iglesias— impedir la llegada de la democracia y eliminar físicamente a sus "más representativos exponentes" para perpetuar el franquismo.

La Justicia española había calmado las ínfulas garzonitas de La Chuchi denegando las diligencias y órdenes de arresto, extradición o comisiones rogatorias fuera de lugar, tiempo y forma. Pero la Justicia casi siempre camina hacia la Política y con la llegada del régimen de Sánchez-Iglesias todo volvió a ser posible por la causa, por aquella causa. Si habían exhumado a Franco en helicóptero y con retransmisión televisiva en directo, qué obstáculo puede entorpecer el resto del camino…

La actual Fiscal General del Estado, inmediatamente antes ministra de Justicia y siempre par de Baltasar Garzón y sus "troncos" policiales, Dolores Delgado, ha dicho, sin más:

"… no solamente la cooperación internacional ha evolucionado sino también la propia perspectiva nacional. (...) Podemos afirmar que es una responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevo paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".

En resumen, la Ley de Amnistía de 1977 liquidada en una nota interna sin valor jurídico alguno y la doctrina del Supremo al respecto, por los suelos. Una magistral "chapuza", según muchos fiscales, propia de quien son propias las chapuzas y los "éxitos garantizados" fuera de la Ley, como aquellos burdeles confesionarios que avaló la hoy fiscal general. Pero claro, ¿qué paso con Baltasar, de cuya copa bebe la Fiscal-ex ministra según presume el propio ex juez inhabilitado? Pues que también pretendió abrir la causa general contra el franquismo —lo primero que hizo fue pedir el certificado de defunción de Franco— y se quedó al borde del abismo. Se libró de la segunda condena por prevaricación —la primera fue por autorizar escuchas ilegales en el caso Gürtel— por los habituales remilgos, casi siempre unánimes, que suelen trucar el fiel de la balanza de nuestra Justicia. Aún así le dejaron claro lo extralimitado de sus intenciones y se tuvo que transcribir el voto particular discrepante, realmente demoledor, del magistrado José Manuel Maza, que en paz descanse.

Volvamos al pasado. La Ley de Reforma Política, votada el 18 de noviembre de 1976 por las cortes franquistas, fue aprobada por 425 votos a favor, 59 contrarios y 13 abstenciones. La votaron procuradores de la dictadura. ¿De qué demonios nos habla entonces esta señora argentina?

Seguro que había energúmenos —los hay siempre, los hay ahora— que pretendían "aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno", como dice la juez Servini, pero si hasta los procuradores franquistas optaron por la reforma que cerraba su sistema y abría el de participación política —autoenmienda de totalidad sin precedentes— cuesta creer, sin caer en la esquizofrenia paranoide, que a Martín Villa le interesara perpetuar el franquismo más que al aparato administrativo y legislativo del propio Franco.

Mucha izquierda perdió el paso en la Transición porque la dejaron sin esa revolución post mortem y carente de riesgo que tanto ansiaba. Esa revolución pendiente, por innecesaria, que quieren cobrarse cada día desde el actual gobierno y que consiste en rebobinar la cinta hasta julio de 1936 y poner el VAR en la guerra a ver si acaban a penaltis. Que nadie ponga en duda que, exhumado Franco y cuestionada oficialmente en el BOE la Transición, serán capaces de derogar, con carácter retroactivo y selectivo, la Ley de Amnistía de 1977 o cualquier jurisprudencia inoportuna. Camino llevan. En breve tendremos la nueva Ley de Memoria Histórica —la de Zapatero se les quedó corta— que se llamará "Memoria Democrática" y que promete muchas multas, celebraciones oficiales de desquite histérico y entierro solemne de la reconciliación que reinó en los ochenta y parte de los noventa. Dicen que a Pablo Iglesias no le gusta del todo porque su propuesta de franquismo llega hasta 1982 y contempla la figura de las "víctimas de la Transición", muy al estilo de la Barú Budú Badía… pero eso ya no se denunciará en las Cortes porque sale muy caro y además no constaría en las actas.

Que sí, que todo está conectado. Que se quieren cargar lo que construyó nuestra democracia ya sea la Transición "genocida", al emérito sólo por sus deméritos o al hijo por sus aciertos. Y en eso están tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, incapaces de gobernar sin enemigos, sin excepcionalidad, en condiciones de normalidad.

Se me olvidaba… Y al fiscal Nisman, ¿quién lo mató, Chuchi? Es más reciente y debería preocupar un poco más a los argentinos que aún se preguntan por qué cerraste el juzgado cuando iba a presentar pruebas contra Irán por el atentado contra la mutual judía AMIA, sucedido otro 18 de julio, de 1994, y que dejó 85 muertos. Lo mismo, ya puestos, lo suicidó Martín Villa y la pobre Cristina se lleva la fama.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

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