Bajo las órdenes del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, el CNI hizo lo que tenía que hacer. Sí, lo que tenía que hacer. Pues la misión encomendada al CNI por nuestro ordenamiento jurídico se establece en la ley que regula el funcionamiento de esa agencia estatal, en cuyo articulado se puede acusar recibo de que su cometido expreso consiste en "facilitar al Gobierno informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España". Y corre por ahí una sentencia firme del Tribunal Supremo donde parece quedar fuera de toda duda que los cuadros dirigentes de los dos partidos que gobiernan la Generalitat constituyeron antes, durante y después el 1 de octubre de 2017 una muy seria amenaza para la integridad territorial de España.
Así las cosas, los sediciosos objeto en su día de muy oportuna pesquisa por parte del CNI pretenden ahora chantajear al Gobierno de España, que no a la persona de Pedro Sánchez, tratando de cobrarse la cabeza de Margarita Robles, la ministra responsable del CNI que cumplió con su deber. Una maniobra, la de Esquerra, ante la que el Partido Popular debería abstenerse de correr el riesgo de incurrir en cualquier tipo de connivencia pasiva. El objetivo permanente de Esquerra es hacer el mayor daño posible a España, no al PSOE. Y eso es algo que Feijóo debería tener muy presente a la hora de fijar el sentido del voto de su grupo en la votación del jueves en el Congreso.
Y no porque resulte inaceptable coincidir con Esquerra y el resto de los enemigos de España en la evaluación de tal o cual norma jurídica sometida a escrutinio en las Cortes. Fue políticamente legítima, por ejemplo, la confluencia contingente que se dio entre fuerzas radicalmente opuestas cuando la votación de la reforma laboral, votación que solo gracias a un tonto con balcones a la calle del PP no concluyó en derrota del Ejecutivo. Pero ahora la circunstancia resulta muy distinta. El PP estaba contra el contenido de la reforma laboral, y votó en consecuencia. No es el caso hoy del decreto en cuestión. Se llama sentido de Estado.