Pese a las ya rutinarias bravatas de los cabecillas catalanistas, con el inane Torra amenazando hasta al lucero del alba desde la oronda redondez de su abotargada barriga, lo cierto es que la situación catalana se antoja mucho mejor hoy que hace un par de años. Algo, esa súbito sosiego, templanza y tranquilidad de espíritu que muestran ahora mismo, en vísperas de la romería anual de la Diada, el grueso de los políticos presos –única fuente de autoridad que reconocen las bases independentistas– que solo cabe atribuir a los contrastados efectos balsámicos de la represión. Y es que la represión, medicina apenas aplicada en pequeñísimas dosis tras la asonada del 1 de Octubre, se ha revelado como la única terapia eficaz para tratar con el catalanismo asilvestrado, valga la redundancia. Así, si las calles y plazas de Cataluña se muestran, pese a todo, mucho más transitables hoy que hace un par de años, cuando las airadas bullangas nacionalistas formaban parte del ubicuo paisaje cotidiano, esa tranquilidad relativa se debe únicamente a que Junqueras y los principales inductores de la insurrección están en su sitio: la cárcel.
Una institución, la cárcel, que ha tenido un efecto extraordinario en la mejora súbita del respeto a las normas más elementales de la convivencia en la región. Al punto de que sin ella, sin las celdas y sus virtudes civilizatorias, no es aventurado suponer que la situación en Cataluña sería a estas horas de insubordinación generalizada. Por eso conviene seguir explorando esa vía tan fructífera. Si la represión, todo lo legal y democrática que se quiera, huelga decirlo, ha funcionado, lo que hay que hacer, y con urgencia, es abundar en ella. Una represión legítima, la que encuentra su fundamento último en la propia definición del Estado en tanto que sujeto jurídico titular del monopolio de la violencia, que es la que ejercen todos los Estados compuestos del mundo, sin excepción, ante las eventuales tentaciones centrífugas de sus partes constitutivas. Porque debates como el que estos días nos ocupa aquí, ese a propósito de si los reyezuelos autonómicos pueden meter o sacar a Isabel y Fernando de los manuales escolares de Historia de España, serían inconcebibles en la muy descentralizada y federal Alemania. Completamente inconcebibles.
Y ello porque la insólita impotencia del Estado en España para lograr imponer a las Autonomías que ejecuten en tiempo y forma las normas legales de aplicación general que emanan del Congreso de los Diputados, esa rutina tan habitual entre nosotros, no se repite en ninguna otra parte. Es una tara única y exclusivamente española. ¿Y cómo consiguen todos los demás Estados compuestos del planeta, sin excepción, que los poderes regionales les obedezcan? Pues apelando a un mecanismo muy simple: la represión. En la Federación alemana, igual que en cualquier Estado federal, la autoridad central dispone de la potestad constitucional de enviar inspectores que verifiquen sobre el terreno si se están cumpliendo o no las leyes comunes votadas en el Parlamento. Y, en el caso de no serlo, la misma norma constitucional habilita al poder central para, sin necesidad de aplicar ningún 155, impartir de inmediato órdenes de obligado cumplimiento a las autoridades regionales. Y punto. La represión, sí, esa es la vía.