La única duda es si lo dijo por ignorancia o por mala fe, aunque yo me inclino por la segunda opción. Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal como recogía el pasado sábado la prensa toda y sin mayor escándalo de ningún editorialista capitalino, anunció con gran solemnidad tras el último Consejo de Ministros que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "cumplirán con el Estatut en materia de inversiones". Una afirmación, de entrada, chocante. Pues, en una primera interpretación de sus palabras, habría que entender que la ministra prometió con suprema alharaca retórica que el Gobierno espera aprobar una ley (los PGE) que va a ser respetuosa con otra ley en vigor (el Estatut). O sea, una enfática perogrullada, dado que todas las leyes que se aprueban en el Congreso, absolutamente todas, deben cumplir con ese obvio requisito de partida. Pero lo que quería decir sin decir la ministra era otra cosa bien distinta. Porque a lo que estaba apelando Montero, aunque sin atreverse a mentarlo de modo expreso, era a aquella célebre disposición adicional tercera del Estatut cuyo redactado acababa de facto y de iure con la soberanía de la Nación española representada en las Cortes Generales.
Recuérdese, hablamos de la apostilla final recogida en una simple y vulgar ley orgánica, que no otra cosa distinta resulta ser el Estatut, que obligaba a los 350 diputados del Parlamento español a destinar a Cataluña no las inversiones públicas territorializables que en cada ejercicio considerase oportuno aprobar la mayoría del Congreso de los Diputados, sino la cantidad de dinero que se les ordenase desde la propia Cataluña. Así, la disposición de marras, esa que ahora se apresta a resucitar de entre los muertos la ministra andaluza por orden expresa del presidente Sánchez pese a que el Tribunal Constitucional la declaró enteramente nula, imponía al Estado que destinara a Cataluña anualmente una cantidad proporcional al peso del PIB de la región en el conjunto nacional, aproximadamente un 16% del total. Pero, como hasta cualquier analfabeto jurídico podría entender sin mayor esfuerzo, no resulta concebible que una norma de ámbito territorial pueda determinar una materia de exclusiva competencia estatal. Como broma jurídica, que el Parlament de Cataluña le dijese a las Cortes Generales cómo y en qué tienen que gastar el dinero de sus propios presupuestos acaso pudiera tener algún recorrido. Pero más allá de la broma no podía tener ninguno.
Y así lo entendió el Constitucional al zanjar la cuestión, y para siempre, en los siguientes términos: "No puede admitirse que la disposición adicional tercera vincule a las Cortes Generales en sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (...) pues es al Estado a quien le corresponde en exclusiva decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución". En consecuencia, proseguía la sentencia sobre el Estatut del Constitucional, la disposición adicional tercera "debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones". Más claro, agua. Bien, pues la muy andaluza Montero ha decidido estrenarse en la plaza pasándose por el puente de Triana el mandato inequívoco del Constitucional con el único fin de premiar a la Generalitat frente a los andaluces y el resto de las comunidades autónomas de España. Ahora pagan. Pero lo pagarán.