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Mambo nº 155

El Estado va a tener que hacer horas extras. Las que exigen 40 años de absentismo.

José María Albert de Paco
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Oriol Junqueras y, en segundo plano, Carles Puigdemont | EFE

Destituir a la cúpula de los Mossos y sojuzgar a quienes se resistan a la autoridad designada por el Gobierno. Desmantelar el Departamento de Relaciones Exteriores, reasignando las funciones del mismo que se consideren de interés general a Presidencia. Cerrar las llamadas Delegaciones del Gobierno y todas aquellas oficinas emplazadas en el extranjero que no hayan tenido más finalidad que orquestar el simulacro de una red diplomática paraestatal, autorizando únicamente la Delegación de la Generalitat en Madrid (que en el actual organigrama institucional, por cierto, figura en plano de igualdad con el resto de delegaciones de "fuera de Catalunya", eufemismo de baratillo de "el extranjero"). Suprimir de la web de la Generalitat la pestaña Transición nacional (la aplicación del 155 –también– será semántica o no será). Derogar las subvenciones a entidades cuyas actividades primordiales sean la incitación al odio y la agitación callejera, y muy particularmente las que se destinan a la Asamblea Nacional de Cataluña y a Òmnium Cultural, en lo que ha de ser la primera y más importante medida para desbaratar la trama civil con cargo al erario que socava la democracia española. No se trata de prohibir la existencia de dichas entidades, sino de que la robusta, pujante y dinámica sociedad civil catalana empiece a costearse sus vicios. Comprobar, asimismo, si las ayudas a otras fundaciones, organismos y asociaciones han servido para sufragar los gastos del procés: las hay de variado pelaje, desde la Asamblea de Municipios Independentistas hasta la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, pasando por la Plataforma per la Llengua, Procés Constituent, Súmate o el Cercle Català de Negocis. Se trata, en fin, de someter Cataluña a una auditoría general y depurar las responsabilidades que se deriven de la operación. En lo que concierne a los medios de comunicación públicos (TV3, Catalunya Ràdio, etc.), y ante el flagrante sectarismo de que han dado muestra sus profesionales, atizando en todos los programas de la corporación, incluidos los espacios infantiles, la aversión a España y a los españoles, urge que un órgano colegiado de gobierno restaure la objetividad, el pluralismo y un cierto sentido de la vergüenza. Designar una comisión de profesionales (pleonásmicamente ajenos al medio) para que reescriban el libro de estilo de las emisoras, que, recuérdese, además de proscribir el uso del español y priorizar como objetivo la afirmación de la "identidad nacional" de Cataluña, prescribe que "los términos país, nación, nacional, gobierno y Parlamento, entre otros, hacen referencia a Cataluña si no se indica otra cosa". Y aparte, claro está, de lo que el interventor lleve planificado, habrá que dotarse de un criterio para resolver los imprevistos, tales como el hallazgo en un cajón de órdenes de pago a sospechosos inhabituales, flecos del 3% u otras putrefacciones. El Estado va a tener que hacer horas extras. Las que exigen 40 años de absentismo.

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