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Además de ineficiencia, incompetencia

El actual Gobierno de la nación no valora el saber, es decir, la competencia.

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Prepárense, porque en los tiempos que vienen, quiérase o no –es decir, sí o sí, en lenguaje moderno–, ese será el perfil de las Administraciones Públicas. El Gobierno, al menos, está poniendo todo su esfuerzo para que así sea.

Respecto a la ineficiencia, huelga toda demostración porque es archisabido a lo largo de generaciones que las Administraciones gastan mucho y mal, además de abundar los cargos de confianza entre gentes con perfil político afín, huyendo de profesionales conocedores del oficio. Y cuando hablo de Administraciones incluyo las estatales, las autonómicas y las municipales.

Las razones, además, son varias: inversiones o gastos sin justificación por el uso esperado de tales dispendios; excesos de personal en la gestión y en la producción, sin duda para satisfacer compromisos con quienes se consideran con derecho político a ello; y, finalmente, el descontrol característico de estas unidades económicas, porque quien tiene que controlar es consciente de que en veinticuatro horas puede pasar a ser controlado.

Esa ineficiencia, en determinadas actividades propias de la función pública, viene a verse parcialmente compensada por la gran competencia profesional de quienes están encargados de la tarea, que bien podemos reconocer como tarea productiva. De hecho, brillan con luz propia los funcionarios de cuerpos de la Administración que, por derecho propio, constituyen la gloria y honor de la función pública.

Pero éstos tienen los días contados. ¿Por qué? Porque el actual Gobierno de la nación no valora el saber, es decir, la competencia. Además, y esto es un mal suponer, quizá pretenda que las huestes de la ignorancia invadan los puestos de la Administración, declarando la guerra administrativa a los funcionarios que queden distinguidos por su competencia.

No es casual la descomunal oferta pública de puestos de trabajo que se cubrirán mediante oposiciones aligeradas de contenidos. Inicialmente, el invento fue anunciado por el ministro Iceta, pero sigue en la misma línea su sucesora en Política Territorial, la ministra Rodríguez García, es decir, el presidente Sánchez.

Tampoco podía esperarse otra cosa de un Gobierno en el que, salvo excepciones –me cuesta decir honrosas, porque hay demasiados silencios y condescendencias–, unos alcanzaron el título de bachiller, otros simularon tener títulos que no tenían y otros más consiguieron el pretendido título plagiando el trabajo de acceso al mismo.

Semejante Gobierno lo único que puede pretender es no confrontar con funcionarios competentes que invaliden sus decisiones por ser contrarias a ley o a la jurisprudencia de los tribunales.

Siguiendo la lógica de la pretensión, una oposición aligerada es contraria a la competencia elevada, supuestamente garantizada por la educación superior, por lo que para concurrir debería bastar el título medio, o simplemente el bachillerato, o el certificado de nacimiento.

Con estos requisitos para el concurso, habrá cientos de miles de concurrentes deseosos de una plaza a la que, dicen, tienen derecho. Otra cosa será cómo seleccionar a los mejores con criterio unívoco; aunque, al parecer, al Gobierno no le importa la competencia para ser seleccionado. Es lo más probable.

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