Son dos términos que conviene no confundir, aunque no son pocos los que, tanto del lado de la doctrina como del de la política, intentan, en un difícil equilibrio, amalgamar ambos, en un instrumento sin fronteras, con peligro para el primero y también para el segundo.
Es bien cierto que algún nexo conviene que exista entre ellos, porque sin principios la acción política vendría a secarse, permaneciendo subordinada al albur de las circunstancias históricas, siendo víctima de su propia esterilidad. Por otro lado, sin considerar los efectos que pueden derivarse de los principios doctrinales, éstos podrían arrasar derechos, contravenir principios científicos y, en definitiva, siendo también estériles para el gobierno pacífico y eficaz de una comunidad.
La doctrina es, por definición, orientadora de conductas deseables para la construcción de una sociedad rica en principios, en vivencias y en objetivos. La doctrina es el instrumento para el enriquecimiento social. Sus principios suponen un aliento para que la humanidad no se cobije en el letargo y aspire a ser más y mejor. No puede, sin embargo, convertirse en la norma que regule, con la coactividad propia de las jurídicas, las relaciones entre los sujetos de una colectividad.
La política, por su parte, pertenece al ámbito de lo posible, en una relación claramente inapelable entre medios y fines. La acción política, tiene permitido soñar, debe tener principios, pero no está autorizada a, sin más, convertir éstos en normas ejecutivas para una determinada política. Un sueño, un principio que, a ojos cerrados, pretenda traducirse a la acción práctica puede producir tales incoherencias como para contradecir el sueño o el principio que motivó la medida.
La doctrina es doctrina, pese al resultado que pudiera tener, incentivador o desincentivador, al implantarse en el mundo real; la política, sin embargo, no se puede permitir ignorar el resultado que cualquier medida pueda producir en la sociedad de hoy o en la de mañana.
¿Cómo juzgaríamos una política que garantizase a los residentes de su nación una renta de, digamos, 30.000 euros anuales? Socialmente, esta medida se consideraría intachable. Sin embargo, exigiría imponer grandes tributos para su financiación, por lo que, ya a muy corto plazo, las rentas que podrían pagar esos tributos se expatriarían, mientras que todas las personas de rentas más bajas, con independencia de su procedencia, se convertirían en residentes ante el atractivo de la renta mínima garantizada.
La señora alcaldesa de Madrid ha anunciado que pretende autorizar a quien habite una chabola que pueda construir su vivienda en suelo público. Espero que concrete la medida, porque suelo público es también la plaza de Cibeles o el parque del Retiro. La preocupación por los chabolistas la tenemos todos por principios doctrinales pero, no puede desconectarse esa preocupación de la posibilidad y efectos de su remedio.
¿Ha calculado, la señora alcaldesa, la tasa de crecimiento de los chabolistas en Madrid, y el suelo público disponible? Nuestra esperanza está en que la alcaldesa siempre rectifica después del anuncio.