Vaya por delante, para eliminar cualquier duda, mi profundo respeto por la Justicia y por su administración a través de los órganos judiciales. La tarea es difícil, y tanto para llevarla a cabo como ejercer la crítica hay que tener la máxima cautela, para no adentrarse en terreno de lo injusto.
Entendemos muy bien, y compartimos, aquella idea clásica escenificada por la imagen de la administración de justicia con los ojos vendados para que nada pueda influir en el juzgador, más que los hechos ciertos y los preceptos jurídicos aplicables a los mismos. Por otro lado, constato que, pese a la proliferación de disposiciones promulgadas a diario en nuestro país, la realidad de las cosas va muy por delante de la actividad legislativa, por desaforada que esta sea, con lo que aplicar un precepto probablemente obsoleto sitúa al juzgador ante el peligro de dictar sentencias que pueden poner en cuestión la función de discernimiento entre lo justo y lo legal.
Me refiero ahora, en concreto, a ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se suspende cautelarmente la externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid. Seguramente habrá razones jurídicas fundadas para tal decisión; lo que también puede ocurrir es que la disposición aplicable o su interpretación quizá no sean las más adecuadas en la situación de escasez presente.
El Derecho se conforma mediante normas de obligado cumplimiento, la Economía no legisla, pero tiene una norma que, aun olvidada, tiene más eficacia que aquellas que son recordadas: cuando no hay recursos, no hay posibilidad de disponer de ellos. Por lo cual, si la escasez de recursos no permite garantizar el servicio público que se debe prestar, sólo caben dos soluciones: o buscamos la forma de incrementar la eficiencia de los disponibles –en este caso, mediante el concurso del sector privado de gestión– o reducimos la prestación del servicio afectado.
Que un auto determine que no acepta, al menos cautelarmente, la prestación pública del servicio por una entidad privada es sólo la primera parte del problema. La segunda se sitúa dramáticamente en otro escenario: ¿y ahora qué? ¿De dónde conseguimos la financiación del servicio a prestar por el sector público? ¿Optamos por reducir la prestación, para acomodarla a las disponibilidades del sistema? La disponibilidad de los recursos está en los antípodas de las magnitudes elásticas. Los recursos son los que son, y no más, ni otros.
Ahí reside el problema de que el auto se base únicamente en lo que no se puede hacer, sin abrir una vía a lo que sí se puede hacer, garantizando lo que hay que garantizar: la prestación de la sanidad pública con las máximas garantías.
¿Por qué no prestar todos los servicios públicos, transporte, suministros de energía, educación, beneficencia..., por el sector público?