Comienza un nuevo curso político, aunque comienza mal, porque el anterior terminó sin examen de conciencia: un simple Consejo de Ministros abundante en incienso. Las tareas prioritarias, para el período entrante, deben ser comprometidas. Dicho esto, la esterilidad de estas líneas está garantizada, aunque mi inquietud las respalda. La dignidad humana, sobre la que podríamos extendernos, es el don que el hombre tiene, en cuanto que persona.
¿Es un derecho? No; es algo más, pues es la dignidad humana, la fuente de todos los derechos. Recordemos el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 10 diciembre 1948) "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…". Dicho así, huelga la discusión. Sin embargo, no parece haber tantas garantías referidas a su reconocimiento, por todos y para todos, cuando está en juego la honorabilidad, la excelencia, la estima, la nobleza…
Los poderes públicos, nuestro gobierno, tienen una tarea fundamental: proteger y defender el reconocimiento de la dignidad de toda persona, y, como derivada de ella, de la dignidad de la Nación, en cuanto conjunto de personas que la integran.
No es del territorio, menos aún del Estado, la dignidad que hay que proteger y defender; es la Nación, como reunión de personas, situada por encima de cualquier estructura u organización. Recordemos, el determinante Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América: "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia…" (17 septiembre 1787).
Y, pregunto yo: nosotros, el pueblo de España ¿sentimos reconocida nuestra dignidad cuando, nuestra Nación, se manosea en la acción política de nuestro gobierno? Me atrevo a presuponer que si, ante el hacer y decir de nuestro gobierno, sentimos vergüenza, consideramos herida y menospreciada nuestra excelencia, es porque no consideramos reconocida nuestra dignidad.
Ocurre con frecuencia. Así, cuando el Presidente frivoliza el ahorro energético en verano, aconsejando quitarse la corbata, o cuando regala a Marruecos el Sahara Occidental, como si de su finca se tratase ¿y la dignidad de los saharauis?; ocurre, cuando el Ministro de Consumo inquiere para dejar de consumir carne; cuando la Ministra de Igualdad, en graves momentos de sequía, pide demoler los embalses/pantanos franquistas – aunque nada demolería si pretendiera hacerlo con los de la época republicana y, menos aún de la frentepopulista; ocurre, cuando la titular del Ministerio de Transición Ecológica, promete bajar precios energéticos, alcanzando récords desde su excepción ibérica.
Por cierto ¿qué significa transición? ¡Fuera ilusiones! Aquí, lo transitorio es lo más duradero. Así, el Código Penal de 1870, conocido como código de verano, ha sido el de mayor vigencia; la Ley de Aguas (1879) – calificada de provisional – vigente hasta 1985; o la Ley de Policía de Ferrocarriles (1877), vigente hasta 2003…
¡Como para fiar de lo transitorio! El pueblo y la Nación española, como todos, tienen derecho al reconocimiento y respeto universal de su dignidad. Eso significaría, sentirse orgullosos de ser españoles.